Moscú.

La enésima confirmación de que el presidente Vladimir Putin tiene la intención de ser reelecto para un nuevo periodo de seis años –en los comicios presidenciales de marzo de 2018– es la renovación acelerada de una buena parte de los dirigentes de entidades de la Federación.

Después de los numerosos relevos que se produjeron en la primavera y otoño de 2016, esta semana se inició con noticias que presagian una nueva ola de destituciones.

Desde el lunes anterior han abandonado el cargo cuatro gobernantes de entidad federal –gobernador si se trata de una región o presidente de ser república autónoma– y se espera que en los próximos días lo hagan por lo menos seis funcionarios más.

El interior de Rusia –ajeno a los reflectores que se centran en la votación en la capital del país y en las grandes urbes– contribuye de manera decisiva, mediante todas las irregularidades que suelen ocurrir cada vez, al triunfo del candidato del Kremlin en cualquier votación federal.

De ahí la importancia de lograr la victoria aunque sea por inercia, para lo cual al frente de cada entidad debe estar un político no sólo leal a Moscú, sino que la población no identifique con vicios y abusos que, como consecuencia de ejercer el poder en favor de un sector de la élite local, puedan provocar el rechazo generalizado de los eventuales electores.

Pero además, en esta ocasión, la renovación del cuerpo de gobernantes regionales tiene un significado especial. Se da por hecho –aunque es sólo una posibilidad– que el próximo presidente de Rusia, después de Putin y si no gana la oposición, será uno de los actuales gobernantes regionales, que el actual mandatario puso, o pondrá aún, en una suerte de escaparate para observar su gestión como opción paralela a la posibilidad de que el sucesor salga de alguno de los grupos de influencia de su entorno.

El hipotético dirigente de provincia que aspire a ocupar el Kremlin, a los ojos de Putin -el único y gran elector, en realidad–, tendrá que imponerse a los posibles candidatos propuestos por el bloque compacto de funcionarios que determinan la política en materia de seguridad nacional, ligados a los servicios secretos y el ejército; la cúpula de la poderosa Oficina de la Presidencia, con sus extensiones en el Gobierno y el Parlamento; el primer círculo de amigos, convertidos ahora en magnates y dueños de los sectores más apetecibles de la economía de Rusia.

Los analistas coinciden: cualquiera que sea el origen del posible sucesor, deberá ser relativamente joven, de perfil tecnócrata, no sujeto a compromisos con ninguno de los actuales grupos de influencia en el quehacer político ruso.

Ahora bien, no hay que olvidar que –si no ocurre nada extraordinario que impida a Putin seguir despachando en el Kremlin– la elección del sucesor para el cargo de presidente de Rusia se hará pública no antes de los comicios de 2024. Es decir, para saber su nombre los rusos tendrán que esperar tan sólo seis años y medio.