Buenos Aires.

El gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, deberá presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la cual deberá dar una explicación por un avance tanto discursivo, político y judicial contra los jueces laborales y la persecución y hostigamiento político y judicial contra los trabajadores, a los que caracteriza de mafias, intentando que estos no tengan defensa alguna ante los despidos y persecución en el terreno laboral.

En un país donde decenas de abogados laborales fueron desaparecidos y asesinados durante la pasada dictadura militar (1976-1983) solamente por su trabajo en defensa de los trabajadores, el presidente Macri comenzó a degradar a estos profesionales, y señaló al abogado Héctor Recalde, reconocido y respetado por todos los sectores gremiales, ahora diputado por el Frente para la Victoria. En esta circunstancia se unía la persecución política y por otra parte para amedrentar a los abogados laborales, en un momento en que miles de trabajadores son despedidos sin causa alguna, se cierran miles de pequeñas y medianas empresas e importantes compañías y los trabajadores necesitan cada vez más ser defendidos.

La CIDH respondió así ante la denuncia de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y se propone dar seguimiento a esta situación citando a las partes en Montevideo, Uruguay, el próximo 24 de octubre donde el gobierno deberá dar explicaciones sobre las acciones tomadas llamando mafias a los defensores, lo que nunca ha sucedido en un gobierno en democracia.

Con estas acciones, no sólo se afecta a los defensores de los trabajadores sino que se lesiona la independencia del Poder Judicial y se prepara el camino hacia una reforma laboral, que terminará con los derechos ganados en la eterna lucha de los trabajadores en Argentina, como lo den unció recientemente Recalde.

Se trata de dejar sin protección a un sector clave de la sociedad dijo este reconocido laboralista. En julio de este año se denunció esta situación considerando que violaba la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y además se recurría a la justicia, o lo que llaman aquí el Partido Judicial para abrir juicios políticos a jueces que el gobierno de Macri intenta destituir de sus cargos, lo que lesiona gravemente la independencia judicial. Esto sucedió a partir de que algunos jueces dictaron medidas cautelares ante los despidos que dejaron a más de 300 mil personas sin trabajo y otras 200 mil que estaban en negro.

Entre los primeros despedidos estuvieron trabajadores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que defendieron la llamada ley de medios que fue anulada por un decreto de necesidad y urgencia a sólo diez días de asumir Macri en diciembre de 2015. También se tomaron medidas contra jueces que respondieron positivamente a las demandas sobre una serie de injusticias e incluso a los que actuaron cuando se impuso un tarifazo que llevó a aumentar hasta 500 y mil por ciento el gas, el agua, los servicios eléctricos, que siguen aumentando, cuando son servicios esenciales.

No sólo esto sino que el gobierno actual reformó la ley de riesgos del trabajo.

La AAL denunció ante la CIDH una lista de ataques indiscriminados y continuados sobre los abogados laboralistas.

Por estas horas el gobierno derechista dictó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre una ley aprobada por el Congreso, como lo es la de acceso a la información pública, reglamentada en marzo pasado, dando más poderes de control al jefe de gabinete, Marcos Peña.

De hecho fue gravísimo la entrega de los datos de todos los ciudadanos argentinos que estaban en la Asociación Nacional de Previsión Social (ANSES) lo que debía ser preservado, coincidiendo con los Acuerdos de Seguridad firmados con Estados Unidos, para intercambiar datos de la población.

Acampados frente al Congreso

Dirigentes de más de 40 comunidades indígenas llegaron este miércoles al Congreso y están en vigilia esperando el resultado de la votación en el senado sobre si se prorroga -como piden los pueblos originarios esta ley del año 2006, la 26.160 de Emergencia Territorial, que suspende los desalojos en los territorios ocupados por las comunidades en conflicto.

La situación es muy grave denunciaron los representantes de estas comunidades, porque como en el caso de los mapuches, están siendo amenazados y perseguidos, mientras avanzan por sus tierras, una mayoría de empresas extranjeras. Quieren exterminarnos definitivamente. Necesitamos toda la solidaridad porque será un nuevo genocidio contra nuestros pueblos, que estábamos logrando más respeto y justicia. Vienen por nosotros y no vamos a dejar de luchar como lo hacemos pacíficamente por nuestros derechos ancestrales. Pedimos que apareza Santiago Maldonado, porque es el símbolo de las amenazas sobre nuestras familias y nuestros hijos. Que se haga justicia. Luchamos por la sobrevivencia con dignidad , mientras los poderes avanzan y arrasan nuestras pocas tierras, dijeron a La Jornada los dirigentes.