La dueña del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, mostró premura por demoler las instalaciones en pie y reiniciar actividades en aulas provisionales en el mismo terreno donde murieron niños y adultos a causa del temblor del 19 de septiembre.

El día 21, dos días después de que ocurrió el siniestro, se informó en un comunicado a los padres de familia que se planteó ‘‘demoler la escuela en el menor tiempo posible, que se haga un estudio profesional de las condiciones del subsuelo y suelo (...) y colocar aulas prefabricadas. La directora tiene la idea de volver a construir su escuela en un solo nivel. Esta opción se da porque (sic) el deseo de los niños de estar juntos y no separarse de sus compañeros y maestros’’.

Cuando aún no se hacían públicas irregularidades cometidas en el uso de suelo del plantel, y otras, esa idea fue planteada por García Villegas a un grupo de representantes de padres de familia. Incluso uno de ellos, quien dijo ser ingeniero, ofreció su ayuda para el derribo de un edificio y el emplazamiento de las nuevas aulas.

Sin embargo, padres que asistieron a dicha reunión indicaron que desde ese momento algunos pidieron no proceder con esa rapidez, pues era necesario hacer peritajes y deslindar responsabilidades. De hecho, otros hablaron sobre la posibilidad de presentar demandas contra el colegio.

El comunicado, que se entregó a varios padres de familia, del cual tiene copia este diario, trata sobre la ‘‘Primera reunión convocada por representantes de padres de familia para llevar a cabo acciones después de los acontecimientos del 19 de septiembre’’. En el mismo se planteó que ‘‘la profesora Mónica se pondría en contacto con las autoridades de los colegios Alejandro Guillot, Instituto México y Escuela Lázaro Cárdenas para escuchar propuestas que ellos tienen para nuestros alumnos. Dichos colegios nos prestarían parte de sus instalaciones’’.

También se acordó preguntar en locales educativos que se rentan: Universidad del Valle de México y el Colegio CEA, así como un edificio ubicado en las avenidas Periférico y Acoxpa.

Al día siguiente, al realizar otra reunión, la dueña del colegio estaba más convencida de que el siguiente paso era la demolición y colocación de aulas prefabricadas, aunque reconoció que llevaría meses y propuso que en tanto los niños podrían tomar educación en línea.

Algunos asistentes al encuentro con la propietaria de la escuela señalaron que en diversos colegios les ofrecían no cobrar la inscripción o rebajas en las colegiaturas –en la zona se han instalado letreros de diversas escuelas con esos ofrecimientos–, a lo que ella respondió que pagarían la misma cantidad, porque lo necesitaban para la reconstrucción.

En kínder pagaban de inscripción 3 mil 650 pesos y de colegiatura 3 mil 650, mientras en primaria la cifra era de cerca de 6 mil pesos, según un folleto informativo del colegio.

Algunos insistieron en que podían buscar usar las instalaciones de un plantel que está cerrado y que es de un piso, pero ella les respondió que lo conveniente era hacer todo en el lugar donde se había caído el colegio, ya que había tiempo de demoler y de hacer aulas prefabricadas.

Desde ese día algunos representantes de grupo expresaron sus dudas sobre la viabilidad de la propuesta. Uno de ellos comentó: ‘‘Me enteré de que la directora quería simplemente que se demoliera el colegio y no enfrentar una responsabilidad que tarde o temprano tendrá’’.

Ese día, ante las inquietudes expresadas por diversos padres de familia que formulaban preguntas o incluso hacían críticas, se les pidió en el escrito ‘‘no hacer caso de rumores y propiciar un ambiente de entusiasmo que ayude salir adelante a nuestros niños’’, así como respetar a los representantes de grupos.

Hubo otras reuniones el fin de semana donde la dueña y sus colaboradoras sostuvieron esta propuesta de reabrir el colegio. Desatada la polémica sobre la calidad de la construcción, los respectivos permisos y de que había tres departamentos en la escuela, esta semana no han tenido nuevas noticias.

Aunque otros ya buscan escuelas alternativas y expresan estar más preocupados por conocer qué apoyo les dará la Secretaría de Educación Pública (SEP) para recuperar los documentos requeridos para realizar dichos trámites.