La gente, desesperada por la escasez, ha robado algunas pipas
Martes 26 de septiembre de 2017, p. 10
La distribución de agua potable en Iztapalapa continúa mediante pipas de la delegación, otras rentadas y 18 enviadas por la Comisión Nacional del Agua, las cuales son resguardadas por policías en patrullas y motocicletas.
Se trata, explicaron vecinos, de que el agua llegue a su destino, pues en días pasados la gente, desesperada, llegó a robarse algunas, y evitar también que algún partido las utilice con miras a ganar adeptos, en esta etapa de crisis que vivimos
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La delegación explicó que tras los sismos, millón y medio de personas, que equivalen a 75 por ciento de la población en la demarcación, carecen de agua potable, debido a las fracturas de los ductos, que ha derivado en alrededor de 800 fugas.
Han dejado de operar también 68 pozos y los tres principales tanques que atienden a las 245 colonias sin suministro, como son La Caldera, Jaltepec y Cerro de la Estrella, por lo que con pipas se busca atender la demanda de la gente, indicó.
Ante ello, vecinos, diputados locales y federales de Morena presentaron un documento dirigido a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, para pedirle que no se haga uso político de la distribución de agua.
La legisladora local Ana María Rodríguez Ruiz y los diputados federales Ernestina Godoy, Araceli Damián, Ana Leticia Carrera y Renato Molina exigieron a Mercado evitar el uso clientelar de pipas de agua y quitar el control de la entrega a la delegada Dione Anguiano.
Rodríguez Ruiz denunció que la unidad habitacional Ermita Zaragoza carece de agua desde el martes pasado y sólo han recibido una pipa para alrededor de 5 mil habitantes. Mientras, los piperos cobran hasta en 15 pesos una cubeta de agua de 15 litros, denunció.
Por otra parte, habitantes de Santa Cruz Meyehualco viven en la zozobra ante el riesgo de que una torre de la línea de alta tensión Santa Cruz-Topilejo caiga sobre sus casas, al ampliarse las fracturas que tenía, y dejar sin luz a 64 colonias del sur, ante la omisión de las autoridades delegacionales y del Gobierno de la Ciudad de México.