n una cápsula que con motivo del quinto Informe de gobierno han transmitido abundantemente los medios electrónicos en estos días, la conversación versa sobre los logros del país en materia de ciencia y tecnología. El presidente Enrique Peña Nieto pregunta a Vladimiro cómo van las cosas en la industria aeroespacial, y el director de General Electric Querétaro responde entusiasta que cada dos segundos despega en el mundo un jet comercial impulsado por turbinas que han desarrollado ingenieros mexicanos.
El Presidente comenta al final del espot que México debe seguir apostando a la ciencia y la tecnología para su futuro. Por ello resulta paradójico que en 2017 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), principal conducto de distribución de los recursos destinados a la investigación científica y tecnológica, vio recortado su presupuesto en 23 por ciento respecto de 2016 y se temen nuevos recortes para 2018.
Quizá General Electric y otras grandes empresas transnacionales hayan recibido de nuestro erario fondos suficientes para sus actividades de innovación tecnológica. Desafortunadamente no se puede decir lo mismo de los laboratorios en universidades y otras instituciones que desarrollan investigaciones científicas de clase mundial. Existen hoy proyectos en curso que deberán suspenderse o se han detenido por falta de recursos, así como estudiantes de posgrado que soñaban con dedicar su vida al desarrollo de la ciencia mexicana y ahora contemplan otras opciones.
Es posible que para las autoridades exista una enorme diferencia entre los productos que reportan ambas vías de investigación apoyadas con fondos públicos. Por una parte, como señala el Presidente en la cápsula mencionada, los apoyos a las empresas atraen inversiones y representan fuentes de empleo, además de presencia competitiva de México en los mercados globales. En contraste, la investigación científica produce sólo
publicaciones en medios de comunicación para especialistas.
Conviene hacer notar que esta falta de comprensión acerca del papel del conocimiento en el desarrollo económico de los países no es privativa de las autoridades mexicanas. Puesto que la ciencia básica genera nuevos conocimientos –un intangible–, queda en gran medida fuera de los escenarios comerciales. De ahí que en la mayor parte de los países la ciencia básica es financiada por el Estado, a menudo con oposición de las fuerzas más conservadoras en el espectro político. Son los gobiernos conscientes de que esta es la única ruta sólida para que sus naciones sean competitivas a mediano y largo plazos, los que deciden invertir y promover la inversión privada en ciencia y tecnología. No sorprende, entonces, que el promedio de gasto en ciencia y tecnología para las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), haya crecido en este siglo desde poco más de 2.0 hasta el actual 2.4 por ciento de sus respectivos productos internos brutos (PIB), es decir, casi cinco veces mayor que el de México, que apenas rebasa 0.5 por ciento del PIB. Incluso países con un desarrollo equivalente al nuestro, como Brasil, invierte por encima de 1.1 por ciento.
Se escuchan muchas y diversas opiniones acerca de si nuestro país puede permitirse un incremento para alcanzar al menos el nivel mínimo de inversión, como sería de esperar para una economía que ocupa el lugar 15 en el contexto global. Sucede, sin embargo, que formalmente ninguno de estos dos asuntos debería depender hoy de opiniones, porque existe la normativa legal y los documentos oficiales de referencia, producto de amplias discusiones en los cuerpos legislativos competentes. La Ley de Ciencia y Tecnología vigente desde 2002 señala en su artículo 9 bis que el monto anual destinado a investigación científica y desarrollo tecnológico no podrá ser menor a 1 por ciento del producto interno bruto del país
. Consistente con este ordenamiento legal, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 incluye como su objetivo 3.5 el propósito de hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible
. A fin de articular acciones entre diferentes sectores para el logro de este propósito, el presidente Peña solicitó al Conacyt diseñar un programa especial de ciencia, tecnología e innovación 2014-2018
, que entre otras cosas previene la tasa anual de crecimiento en inversión necesaria para alcanzar el mencionado mínimo de 1 por ciento del PIB en este rubro al final del sexenio.
Es cierto que el contexto financiero global y los actuales retos de comercio internacional crean hoy condiciones económicas difíciles para todos los gobiernos. Sin embargo, es preciso subrayar que el monto anual que por ley México debe destinar a investigación científica y desarrollo tecnológico es un porcentaje fijo del PIB, cualquiera que éste sea y, por tanto, no es justificable asignarle cantidades arbitrarias. De acuerdo con nuestros estimados, para que al final del actual sexenio se estabilice financieramente el sector, el presupuesto del Conacyt para 2018 no debe ser menor de 35 mil millones de pesos. Ello promoverá la generación de conocimientos que nutran las actividades de innovación en las empresas. Este es un razonamiento que sin duda entiende Vladimiro de la Mora y otros líderes de empresas trasnacionales activas en el país.
*Investigador en el Cinvestav.
**Investigador en la UNAM, ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
