unque el reto es fenomenal, avanzan las tareas de rescate, recuperación de cuerpos y remoción de escombros, algo impensable sin la participación y entrega de centenas de miles de héroes anónimos que, como en 1985, tomaron las calles para ayudar desinteresadamente a quienes llevaron la peor parte en el terremoto. Es el México fraterno y solidario que grita ¡presente!

Pero también aumenta la factura de vidas perdidas, el inventario de daños materiales, de viviendas y escuelas destruidas, de inmuebles en general, y con ello el elevadísimo costo de una reconstrucción que a estas alturas nadie, aún, puede cuantificar, pero que todos están conscientes de que alcanza proporciones gigantescas. Y como siempre, la pregunta es: ¿de dónde saldrán los recursos para ese esfuerzo titánico?

Días atrás el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, declaró que el gobierno federal tiene la capacidad financiera para hacer frente a los daños causados (especialmente en Oaxaca y Chiapas) por el terremoto (8.2 grados) del pasado 7 de septiembre, pues –decía– el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) tiene una bolsa de 9 mil millones de pesos, que se incrementaría a 15 mil millones si se incluye el presupuesto respectivo sugerido para 2018 (mismo que ni siquiera ha sido revisado por la Cámara de Diputados).

Paralelamente, según explicó, existe la posibilidad de que el gobierno federal cobre un seguro (denominado bono catastrófico) por 150 millones de dólares (algo así como 2 mil 700 millones de pesos adicionales), con cobertura para casos de huracanes, sismos e inundaciones.

Sin embargo, en cualquiera de los casos –sea la primera de las cifras citadas o la quimera de la segunda, más el bono o la suma de las tres– desde la declaración misma del titular de Hacienda quedó claro que esos dineros resultan abismalmente insuficientes para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del 7 de septiembre.

La información oficial habla de que sólo en Chiapas y Oaxaca se registraron 300 mil damnificados por el terremoto del pasado 7 de septiembre, sin incluir a quienes, por la misma razón, resultaron afectados en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y estado de México, ni considerar a las víctimas de los huracanes.

Ante la magnitud del daño es obvio que el del Fonden es un presupuesto que no alcanza para nada. Si se atiende la afirmación del secretario Meade, es decir, que en este momento cuenta con 9 mil millones de pesos y en el supuesto de que esos dineros se canalizaran íntegra y exclusivamente a los oaxaqueños y chiapanecos damnificados, el promedio por cabeza sería de 30 mil pesos, monto suficiente, en el mejor de los casos, para comer y beber por unos cuantos días, pero de ninguna manera para siquiera iniciar la reconstrucción de las áreas dañadas.

Pero si esos 9 mil millones de pesos ya resultaban minúsculos ante la magnitud de los daños causados por el terremoto del 7 de septiembre, con la sacudida del pasado martes en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, estado de México y Guerrero, entonces prácticamente desapareció del mapa, aún si se suman el presupuesto 2018 y si se llega a cobrar el bono catastrófico.

Como en días pasados recordamos en este espacio, el presupuesto del Fonden nunca ha alcanzado para mayor cosa –amén de que su ejercicio no es lo veloz que se espera en casos de emergencia–, y prueba de ello es que, desde 2013 y en algunos casos desde 2010, se mantienen pendientes un sinúmero de reconstrucciones, habilitaciones, rehabilitaciones, etcétera, etcétera, en por lo menos 24 estados de la República dañados por todo tipo de sismos, inundaciones, huracanes, tormentas y demás desgracias.

Sólo como referencia, en su cuarto informe de gobierno (primero de septiembre de 1986) el entonces inquilino de Los Pinos Miguel de la Madrid presumía que el Fondo Nacional de Reconstrucción (creado a raíz del terremoto de 19985) ha alcanzado, incluyendo donativos e intereses, un total de 42 mil 898 millones de (viejos) pesos y 14 millones 112 mil dólares. Y aseguraba que con esos dineros el drama quedaba resuelto.

Ya en 1987 el mismo personaje dijo que dichos recursos ascendieron a 485 mil millones de pesos, y se realizaron adecuaciones tributarias de carácter temporal que permitieron captar ingresos adicionales por aproximadamente 240 mil millones de pesos. Del uso y aplicación de estos recursos hemos informado puntualmente al Congreso y a la opinión pública.

Ni lejanamente sucedió eso. Por el contrario, con los dineros oficialmente destinados a la reconstrucción se amasaron jugosas fortunas privadas y se crearon grupos de mercenarios políticos (allí les hablan Bejarano y Padierna, por ejemplo) que manejaron –manejan– a su conveniencia recursos, personas y votos, mientras buena parte de la ciudad se mantenía en el suelo, y en esa condición permaneció a lo largo de muchos años.

Entonces, queda claro que es infinita la lengua y el oportunismo de los políticos (los de antes y los actuales). Allí está el caso de Miguel Mancera, quien apenas el 8 de septiembre pasado aseguraba que la CDMX era resistente a las sacudidas de la madre naturaleza (gracias a él, desde luego), pero su afirmación no aguantó la prueba de realidad, que se presentó 11 días después de su dicho, y de paso le apestó –así sea por unos días– su tan anhelada cuan inútil candidatura al hueso mayor.

En vía de mientras, ayer el gobierno de la CDMX emitió la declaratoria de desastre para la Ciudad de México, con el fin de “obtener recursos federales para las labores de reconstrucción tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Lo anterior mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial, en el que se puntualiza que con la declaratoria se busca que todas las instancias de gobierno lleven a cabo las acciones necesarias para proteger vida, salud e integridad física de los capitalinos. La Secretaría de Protección Civil reporta que en la infraestructura urbana de la ciudad se encuentran averías en servicios viales, sistemas estratégicos y medio ambiente y la capacidad de las delegaciones afectadas está rebasada. Asimismo, la capital presenta perjuicios en su estructura productiva y diferentes servicios, lo cual altera las condiciones ordinarias de vida”.

Quedan en pie las preguntas: ¿quién financiará la reconstrucción? ¿Cómo y de dónde saldrán los recursos?

Las rebanadas del pastel

No sirve de mucho, pero de cualquier forma va un enorme abrazo chilangamente amoroso.

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