ace 25 años, justo cuando se cumplían 500 años de la invasión europea a nuestro país, Aníbal Quijano publicó en la revista Perú indígena un artículo titulado Colonialidad y modernidad/racionalidad, que a pesar del tiempo pasado resulta de gran utilidad para analizar la situación de los pueblos indígenas de México y el continente, las relaciones coloniales que la sociedad dominante mantiene con ellos, la razón de éstas y la posibilidad de cambiarlas por otras que les permitan una vida digna. De acuerdo con el citado autor, con la conquista de América comenzó la formación de un orden colonial que subsiste hasta la fecha; porque las guerras de independencia del siglo XIX y revolución del siglo XX, no lograron aniquilarlas, tan sólo modificar las maneras en que se manifiestan, casi siempre con la colaboración de algunos miembros de los pueblos colonizados, seducidos ante la posibilidad de obtener privilegios por parte de los dominadores.

Releyendo el texto reafirmé mi convicción sobre la actualidad del texto. Existen muchos casos en América Latina y en México que pueden dar cuenta de lo que en él se afirma, pero por ahora quisiera ejemplificar con el de la tribu yaqui, en el norteño estado de Sonora, porque percibo que es contra ellos que se ha concentrado la fuerza del estado y las clases dominantes para someterlos y acepten ser despojados del control de su territorio. Como mucha gente sabe, en la década que corre la tribu yaqui sostuvo una larga lucha contra la construcción del Acueducto Independencia, que además de despojarlos de parte del agua del río Yaqui, que legalmente les corresponde, tendría que pasar por su territorio. La justicia les dio la razón legal pero los intereses económicos se impusieron y la obra se construyó y se puso a funcionar, sin que esté claro quién se beneficia con el agua que transporta.

Todavía no terminaba este problema cuando la tribu yaqui se enteró que por su territorio pasaría el gasoducto Agua Prieta que la empresa IEnova, de la que algunos altos funcionarios de gobiernos pasados son socios importantes. La empresa no cometió el error que el gobierno con la construcción del acueducto y negoció por separado con cada uno de los pueblos para que autorizaran el paso de la obra por su territorio, una petición ilegal ya que siendo tierras comunales sobre ellas no se pueden realizar actos mercantiles. Aun así la mayoría de los pueblos aceptaron porque la empresa les ofreció dinero para ganar su voluntad, salvo el pueblo de Loma de Bácum que se negó a hacerlo. Para defender sus derechos los opositores al gasoducto interpusieron juicios que aún no se resuelven pero mantienen en suspenso la obra, situación que no ha sido impedimento para que la empresa continúe adelante con la construcción de la obra, sin que ninguna autoridad haga cumplir la ley.

Frente a esta situación los afectados hicieron valer su derecho de administrar y controlar su territorio y se organizaron para impedir la obra y desmantelar la parte construida en su territorio. De esto dieron cuenta a la autoridad judicial encargada de resolver su amparo, pero la empresa y el gobierno respondieron secuestrando a los representantes y asesores de los inconformes, hasta llegar a una agresión armada que este 21 de octubre cumple un año de haberse ejecutado. Hoy han montado una campaña contra los representantes de Loma de Bácum en la cual afirman que están ligados al crimen organizado, que son manipulados por personas ajenas a ellos, que los que se oponen en realidad lo que buscan es presionar para obtener beneficios personales. La campaña, donde participan activamente quienes aceptaron que el gasoducto pase por su territorio, busca desacreditar la lucha para, como dicen quienes se ven afectados con ella, preparar la represión.

Claramente se nota la diferencia de visiones sobre el problema. Mientras los empresarios y el gobierno consideran que la obra puede pasar por cualquier parte del territorio nacional, porque contribuirá al desarrollo del país, el pueblo de Loma de Bácum piensa que ellos, como pueblo indígena, tienen derecho a existir y que se respeten sus derechos reconocidos legalmente, entre ellos la autonomía, su territorio, diseñar su propio desarrollo y fortalecer su cultura. Pero no sólo lo piensan, lo fundamentan con el derecho nacional e internacional que el estado mexicano ha aceptado como parte de su normatividad. Desafortunadamente esa es una realidad que a las empresas no les interesa, ellas quieren obtener ganancias y lo quieren lograr a cualquier costo. En el caso particular, quieren volver a reconquistar el Valle del Yaqui, como en su tiempo lo hicieran los porfiristas.

Por eso digo que el pensamiento que Aníbal Quijano expuso hace 25 años sigue siendo vigente. Los pueblos indígenas siguen siendo tratados como colonias, que es una forma muy específica de ejercer la dominación sobre ellos y de despojarlos de sus recursos naturales. Y eso sucede en pleno siglo XXI.

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