El mecanismo encargado de decretar la alerta de violencia de género en los estados de la República debe fortalecerse y atender a tiempo las solicitudes que reciba, pues en el caso de Puebla –donde recientemente fue asesinada la estudiante Mara Fernanda Castilla–, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la solicitó en julio de este año.

El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que la CNDH entregará algunas propuestas para hacer más sólido el trabajo de ese mecanismo, a fin de evitar que la impunidad siga siendo la constante en los feminicidios.

Luego de participar en la presentación de una campaña para valorar el trabajo de los defensores de derechos humanos, el funcionario recordó que la alerta de violencia de género ha sido decretada en varios municipios de 12 entidades: estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.

La petición fue negada en siete: Baja California, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Sonora.

De igual forma, transcurre el plazo de seis meses para estudiar si se decreta en otros cuatro estados: Veracruz (en municipios distintos a los incluidos en la anterior), Jalisco, Zacatecas y Campeche.

Finalmente, en cuatro entidades más aún está pendiente el informe para revisar si se declara la alerta, tras concluir el plazo de análisis de seis meses: Yucatán (donde el gobierno local aún no ha aceptado el informe elaborado), Oaxaca, Durango y Coahuila.

González Pérez señaló que el mecanismo acaba de firmar un convenio con la Conferencia Nacional de Gobernadores para tener una unidad de enlace en todos los estados, aunque puntualizó que más importante que la creación de ese ente es el perfil de quién la encabezará.

De igual manera, enfatizó que el esquema encargado de emitir la alerta de violencia de género debe poner más atención en puntos como el abordaje oportuno de cada solicitud de declaratoria y en la capacitación de quienes las estudian, pues existe demasiada rotación de personal.

González Pérez hizo énfasis en el caso de Puebla, donde recientemente se negó la declaratoria y, sin embargo, ahí la estudiante Mara Fernanda Castilla, quien fue violada y asesinada por un conductor de transporte privado.

Nosotros advertimos en julio, y hoy sí hay voluntad para que se decrete la alerta. Lo hubiéramos atendido desde julio, cuando lo dijimos, subrayó.

Aseguró que uno de los estados donde hace más falta declarar la alerta es Querétaro, aunque –subrayó– en todos los casos las peticiones deben ser analizadas con rigor para actuar a tiempo y no pensar que los problemas se resuelven metiéndolos debajo de la alfombra.