El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó una solicitud de consulta popular –inscrita en la gaceta parlamentaria– para que la sociedad decida si se debe votar el mando mixto policial o el mando único.

La pregunta que los priístas proponen será: ¿Estás de acuerdo en que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de mil 800 policías municipales que de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipadas y mal coordinadas?

En respuesta la oposición calificó de electorera esa propuesta, porque el PRI y el PVEM tienen capacidad de votar, alguna de las dos propuestas, porque requiere mayoría simple al tratarse de una reforma a una ley secundaria.

No obstante la propuesta encabezada por César Camacho Quiróz, coordinador del PRI, establece que la vigilancia dentro de una sociedad es una obligación a cargo del Estado, pues tiene la capacidad operativa y administrativa-jurisdiccional legal y legitimamente constituida para aplicar la ley con la fuerza en caso necesario. Es el Estado el único que tiene el monopolio de la fuerza légitima, por tanto tiene la necesidad de crear instituciones encargadas de conservar el orden público dentro de las regiones geográficas que componen su territorio, por lo que se crean los cuerpos de policía.

Es responsabilidad del Estado la seguridad

Así, en México, aduce el PRI, la obligación de atender las necesidades de seguridad pública de la población recae de manera directa en los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno de la administración municipal, de las entidades federativas y de la Federación, se trata de una responsabilidad compartida entre tes tipos o categorias de polícia con las consecuentes implicaciones de orden operativo y de coordianción que ello implica.

Así en 1994 se instauró el Sistema Nacional de Seguridad Pública quer incluye a todos los responsables de los cuerpos de seguridad pública, y desde entonces ya era notoria la necesidad de logar mejores niveles de coordianción y cooperación entre corporaciones policiacas mediante la concentración de responsabilidades y toma de decisiones operativas.

La argumentación de la porpuesta advierte que años después de haberse instaurado ese sistema, ha quedado demostrado que dicho esquema es insuficiente para combatir la inseguridad.

Así, como una de las exigencias de la sociedad durante las últimas décadas ha sido atender la problemática de seguridad pública, que cada vez más ha recaido en los municipios, alejándose a la Federación y de los estados, ha imposibilitado al Estado mexicano en su cojunto, a cumplir con la función esencial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos.