La defensa legal en Panamá del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, impugnará su extradición a México, porque, asegura, se violan sus garantías fundamentales.

En entrevista radiofónica, el abogado Carlos Carrillo dijo que cuando uno enfrenta actos de poder por encima de las garantías legales se ve como una dilatación, y puede conllevar una dilatación, sí es verdad, pero hay derechos de impugnar, exhibir y exigir que se respeten las garantías procesales al señor Borge Angulo, son un requisito que la defensa en este momento y él así lo han definido y se va a proceder a hacer.

Aseguró que la Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal de ese país, donde presentarán el recurso, es la última instancia a fin de impugnar la decisión de la extradición.

No podemos ni vamos a ser complacientes en el hecho de que se intente decir de que estamos dilatando un proceso y con ello renunciar a la impugnación correspondiente y que quede constancia de que al señor Borge se le violó el procedimiento, su garantía.

Por separado, fuentes señalaron que los abogados tienen 14 días a partir de ayer en caso de que quiera objetar la decisión y que la corte local tendría hasta cinco días para resolver. En caso de que se concrete el envió del ex gobernador estaría en México el 10 de octubre y sería trasladado a un penal federal ya que la solicitud la otorgó el Juzgado de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl.

El lunes el gobierno de Panamá concedió al mexicano la extradición Borge Angulo para que enfrente en territorio nacional el proceso por cuatro causas penales. El 15 de septiembre, el ministerio de Relaciones Exteriores de la nación centroamericana notificó al ex mandatario estatal la decisión de entregarlo al gobierno mexicano, de acuerdo con el tratado suscrito con éste. Con base en la legislación de Panamá, el imputado tiene derecho a impugnar ese fallo.

Ese día las autoridades mexicanas informaron la decisión de la cancillería panañema, a fin de que el ex funcionario enfrente los procesos penales en su contra por delitos presuntamente cometidos cuando gobernó Quintana Roo.