omo en 1985 (mismo día, mismo mes; enigmática coincidencia), ha sido la sociedad civil el primer motor en busca de la recuperación en la Ciudad de México y en otras ciudades afectadas por el sismo infortunadamente cumpleañero.

Mientras los altísimos mandos federales, estatales y capitalinos mostraban entumecimiento, constituidos políticamente desde la costumbre de la simulación, la declaracionitis y la ineficacia, millones de mexicanos asumían con serenidad ejemplar la carga de protegerse y reconducirse, ayudados por mandos medios y personal de base de esos gobiernos, pero sin los liderazgos políticos adecuados, sin dirigentes con credibilidad, sin esperanza los mexicanos sin cargos más que en sí mismos.

La distancia entre la solidaridad inmediata y activa de muchos ciudadanos, y los altísimos gobernantes del país, la Ciudad de México y los estados de México, Morelos y Puebla (los más afectados), también fue manifiesta en el terreno de los grandes empresarios, quienes tampoco se mostraron raudos y desprendidos para dar gratuidad en servicios como la telefonía celular (hasta horas después, cuando bajaba la demanda) o para disponer, sin cobro, de equipos particulares de ayuda mecánica y tecnológica en las primeras horas de la tragedia.

Las expresiones de solidaridad popular fueron ejemplares y directas: organizar brigadas de ayuda para rescate, proveer artículos básicos para esas tareas, enlazar llamadas de personas deseosas de encontrar amigos o familiares en la Ciudad de México y los demás estados dañados, o desde estos lugares hacia el resto del país y el extranjero; ofrecimiento de compartir casas o departamentos para quienes se hubiesen quedado sin morada, aventones automovilísticos… En las principales arterias de la Ciudad de México también se pudo ver una ayuda esencial: el comportamiento silencioso, ordenado, casi apacible, ante las circunstancias dolorosas, de millones de personas que se habilitaron fórmulas de transporte o caminaron largas distancias para llegar a sus casas.

La defectuosa, lenta o insuficiente respuesta de las máximas autoridades civiles tiene una explicación que forma parte del colapso del que México estaría al borde, según diagnóstico que The New York Times atribuyó al general John Kelly, ahora poderoso jefe del gabinete de Donald Trump. Los mandos políticos del país, sus estructuras de operación y los mecanismos específicos de protección civil, seguridad pública y atención a los ciudadanos han sido corroídos por la impreparación, el cuatismo, el culto a las puras apariencias y la vocación sacramental por la corrupción.

El golpe de este martes se suma al cuadro de otras entidades en graves problemas, sobre todo Oaxaca y Chiapas, adonde el gobierno federal pretende destinar millonadas para programas de reconstrucción que, por desgracia, y tomando en cuenta los antecedentes de los principales responsables de manejar esos fondos, serán manjar para apetitos corruptos, excelente coartada noble para el desvío de fondos en general y, en particular, para las acciones electorales priístas y verdes, en las entidades mencionadas, con cuenta final en el tablero de la elección presidencial.

Las cuatro entidades más golpeadas, que ayer se sumaron a ese catálogo de desgracias, tienen, a su vez, administraciones volcadas en la grilla futurista y en el acopio de recursos económicos para sus siguientes acometidas electorales. Miguel Ángel Mancera está preocupado esencialmente en su eventual postulación como candidato presidencial desde un frente tripartidista, aunque poca viabilidad parece tener esa apuesta en particular, aunque no la de convertirse en eje del Frente Ciudadano por México, para conseguir posterior acomodo en un hipotético gabinete federal de coalición.

Graco Ramírez cejó en su pretensión de contender por la candidatura presidencial perredista, pero, más allá de ese aspecto específico, su paso por el gobierno de Morelos ha sido desastroso, cargado de acusaciones de corrupción, políticamente nepótico y doctoral en el ejercicio de la falsedad. En Puebla (donde el caso de la joven Mara será opacado por el tema del sismo), el erario y la operación gubernamental están al servicio de Rafael Moreno Valle, el anterior mandatario sexenal, quien dice aspirar a ser candidato presidencial panista con la esperanza de negociar la postulación de su esposa al propio gobierno poblano. En Chiapas, el frívolo Manuel Velasco Coello procesa sus proyectos futuros por la vía del Verde y el PRI, e incluso mediante la inserción de cuadros suyos en las propuestas de organización estatal de Morena. Y el recién llegado Alfredo del Mazo alista todo el aparato estatal para la siguiente elección presidencial.

En ese contexto de grillería enfermiza, de utilización de recursos públicos para proyectos políticos facciosos, y de la corrupción galopante en todos los órdenes de gobierno, poca rapidez y fuerza de acción pueden tener los órganos naturales de atención a las desgracias naturales y a las necesidades sociales urgentes. Como en 1985, la demagogia, la incapacidad y la insensibilidad exhiben a la clase política.

Al estilo tan practicado en lo que va de la presente administración federal, otro gobernador ha terminado su sexenio, envuelto en fuertes acusaciones de corrupción e incluso de nexos con el crimen organizado, sin que las instituciones le impidieran consumar a plenitud sus faenas delictivas. En ese tenor, Roberto Sandoval ha dejado la gubernatura de Nayarit y ya podrá salir del país, ser acusado posteriormente de lo mismo que ya se sabía, ser boletinado y tal vez detenido y terminar con el beneficio de la solicitud de extradición que acote el universo de sus presuntas culpabilidades. Al relevo entró Antonio Echevarría, hijo del hombre rico del estado, panista pero, más que eso, miembro de la plutocracia regional.

Y, mientras La Jornada ha cumplido sus primeros treinta y tres años en la cobertura del sismo, como lo hizo en 1985, a un año de su nacimiento, ¡hasta mañana!

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