Madrid.

Alcaldes llamados a declarar ante los tribunales y cientos de militantes independentistas iniciaron la desobediencia civil en Cataluña y se opusieron abiertamente a las medidas judiciales y policiales impulsadas por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, para impedir que el próximo primero de octubre se celebre un referendo de independencia.

El punto de mayor tensión se reportó en la localidad de Terrasa, en la provincia de Barcelona, donde durante más de tres horas un grupo de manifestantes intentó impedir que la Guardia Civil española incautara material destinado a la consulta ciudadana.

La Fiscalía General del Estado, presidida por el magistrado José Manuel Maza y nombrado a petición del gobierno español, presentó peticiones de comparecencia para 714 alcaldes catalanes que anunciaron su disponibilidad a apoyar y colaborar con el referendo. Los tribunales españoles, en acatamiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, asumieron la petición, además de que en el caso de que no comparecieran se les abriría un proceso judicial por varios delitos, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos y desobediencia. Delitos por los que podrían ser condenados a ocho años de cárcel e inhabilitación de 20.

Con este panorama fueron citados a declarar los primeros alcaldes de este grupo de 714: Marc Solsona, de Mollerusa; José Antonio Troguet, de Pont de Suert, y Miguel Sala, de Oliana. Los tres comparecieron pero ninguno declaró nada. Fueron acompañados por militantes independentistas que les gritaron a las puertas del juzgado: no están solos.

El resto de los alcaldes comparecerán en los próximos días en las sedes de las fiscalías territoriales de Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona, y en el caso de los diputados del Parlamento, en la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña.

Mientras, en la localidad de Terrasa, a unos 40 kilómetros de Barcelona, se generó un momento de tensión cuando un grupo de agentes de la Guardia Civil irrumpió en la empresa de mensajería Unipost, al parecer porque ahí se habían encontrado documentos y papeletas destinadas a la consulta ciudadana. Unos 200 militantes independentistas se concentraron a las puertas de la empresa, con la finalidad de impedir que los incautaran.

Después de tres horas de concentración, un comando de agentes antidisturbios de Los Mossos d’Esquadra desalojó a los manifestantes y así permitió que entrara al inmueble el secretario judicial, Sergi Casares, que tenía la encomienda del juez de abrir el correo para verificar si en efecto se trataba de documentos relacionados con el referendo. Y en caso de que así fuera confiscar el material.

En Madrid, mientras tanto, en el Congreso de los Diputados se celebró una sesión en la que, a petición de la bancada de Ciudadanos, se solicitó la aprobación de una propuesta para apoyar al gobierno español en su estrategia en el conflicto abierto en Cataluña. La iniciativa fue rechazada por 166 votos en contra y 158 en favor, en gran medida gracias a la postura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que finalmente inclinó la balanza hacía el no.