Chilpancingo, Gro.

Tras recorrer localidades abandonadas y entrevistarse con familiares de personas desaparecidas, representantes de Amnistía Internacional México (AI) concluyeron que la sustracción de personas y la violencia que se viven en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, son problemas alarmantes.

En la Misión Civil de Observación, convocada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, participan AI, Brigadas Internacionales por la Paz y las organizaciones locales Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

Los activistas se reunieron en un salón del municipio de Chilapa, el cual fue tapizado con lonas que mostraban imágenes de los hechos de violencia más conocidos en años recientes, explicados por la Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos (Rgodh).

El 18 de marzo de 2015 desaparecen a nuestro compañero Héctor Jaimes Abarca, luchador social. El 9 de mayo de 2015, una fecha significativa, un grupo de civiles armados tomaron Chilapa y desaparecieron a su hermano, relató Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Rgodh.

Del 9 al 14 de mayo de 2015 se vivió una de las jornadas más violentas e impunes en Chilapa, cuando los llamados Comunitarios por la Paz y la Justicia, civiles armados que coexistieron con fuerzas policiacas de los tres niveles de gobierno, se apoderaron del municipio.

Al menos 150 ausentes

A pesar de que solamente se formalizaron 16 denuncias por desaparición, la Rgodh y otras agrupaciones documentaron más de 30 casos durante esos seis días y ya suman alrededor de 150 desapariciones en esta zona (Chilapa-Zitlala), indicó el activista.

Consideramos desapariciones forzadas las ocurridas entonces, porque los civiles capturaban a jóvenes y se los llevaban, aun cuando las víctimas pedían auxilio al Ejército Mexicano. Se los llevaron frente al Estado, reclamó.

Otro hecho fue la desaparición de la familia García Feliciano, en octubre de 2016. Se les vio por última vez en la localidad de Quetzalcoatlán, municipio de Zitlala, donde opera el grupo de civiles armados que tomó Chilapa en 2015.

De acuerdo con los registros de sistemas de localización satelital, el último punto donde se ubicó la camioneta en que viajaba la familia, incluida una mujer de la tercera edad con problemas de salud, fue delante del poblado de Tlalcozoxtitlán, municipio de Copala.

En noviembre de ese año, el colectivo Desaparecidos Siempre Vivos y familiares de los ausentes organizaron una búsqueda en Quetzalcoatlán, con la compañìa de elementos del Ejército Mexicano, policías federales y ministeriales, así como visitadores de la Organización de las Naciones Unidas.

Sin embargo, un grupo de pobladores encabezados por presuntos policías comunitarios impidieron el paso al colectivo, por lo cual se suspendió la búsqueda.

Sin acompañamiento de la Policía Federal, que decidió quedarse en Chilapa, se realizó un recorrido por los poblados de Ahuihuiyuco y Tepozcuautla, ubicados a 30 minutos de la cabecera municipal, que a inicios de junio fueron evacuados por las amenazas de un grupo delincuencial.

Las calles estaban vacías; las escuelas y los centros de salud, cerrados, y las pocas personas que han regresado terminan sus actividades en el campo antes de las 17 horas, a pesar de que los miembros de una base de operaciones mixtas recorre las localidades.

Expulsados pese a presencia militar

Manuel Olivares manifestó que, de acuerdo con los habitantes que abandonaron sus poblados, ya había militares antes de que recibieran amenazas, que llegaron a su punto crítico cuando en las puertas de casas, escuelas e iglesias aparecieron hojas donde los delincuentes ordenaban abandonar los pueblos y amenazaban con matar a quien encontraran el 9 de junio.

Ya había soldados dando seguridad, y a pesar de eso se habla de más de 30 desaparecidos que luego fueron localizados muertos, y de otros nunca se supo dónde quedaron.

De acuerdo con información de colectivos en la zona, hasta el primero de septiembre se habían reportado en Chilapa 173 homicidios dolosos, una tasa de 191 muertes por cada 100 mil habitantes, con lo que desplazaría a Acapulco como el municipio más violento del estado.

El colectivo también ha informado que en los 10 años recientes han desaparecido más de 500 personas en los municipios de Chilapa y Zitlala, por lo que han solicitado que se declare zona de emergencia humana.

Las familias pidieron regresar a sus hogares para ver en qué condiciones están, luego del sismo de ayer.

Fuera del centro de salud cerrado del poblado de Tepozcuautla, la subdirectora de programas de AI México, Raquel Aguilera Troncoso, calificó de alarmante la situación de violencia, desapariciones forzadas y falta de respuesta de las autoridades en Guerrero para las familias de víctimas en la entidad.

Es un foco rojo, un problema alarmante en Guerrero, así como en otros estados, indicó.

Agregó que esta situación demuestra que es urgente que el Congreso de la Unión apruebe la Ley General de Víctimas, a la cual AI ha dado acompañamiento.

Dijo que la principal denuncia de las víctimas en la misión de observación es que el Ejército y las policías federal y estatal no violen los derechos humanos y muestren mayor compromiso.