En México seis de cada 10 trabajadores no tendrán derecho a pensionarse al término de su vida laboral, ya que no tienen acceso a la seguridad social. Además, 70 por ciento de quienes logren esta prestación recibirán bajos montos. A este panorama se añade el hecho de que los sistemas públicos de retiro del país están descapitalizados.

El estudio México: país de pobres, no de clases medias, apunta que 60 por ciento de los trabajadores ocupados no tienen seguridad social, ya sea por estar en la informalidad, laborar en empresas de outsourcing que no los inscriben en el Seguro Social, trabajar por su cuenta o cobrar por honorarios o en otros esquemas.

Quienes integran este sector de la población no tienen, además, derecho a vivienda con servicios básicos ni a la salud, y hasta 19.6 por ciento presentan rezago educativo.

Según este análisis, elaborado por economistas del Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, la Fundación Konrad Adenauer y el Observatorio de Salarios, sólo 40 por ciento de los trabajadores mexicanos tiene acceso a la seguridad social, y de éstos, tampoco todos logran una pensión, porque las empresas los dieron de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no cumplieron el mínimo de semanas de cotización o ya no encontraron empleo.

Incluso 15.2 de los cooperativistas tampoco tiene derecho a la seguridad social.

El texto también detalla que a inicios de los años 90 casi 68 por ciento de los trabajadores estaba registrado en organismos públicos como el IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Petróleos Mexicanos, la Marina, universidades o el Ejército. Por tanto, tenían derecho a las pensiones y el servicio médico otorgado por estas instituciones.

En tanto, ahora uno de los principales problemas del país es que la mayor parte de su población no tiene acceso a la seguridad social. Incluso, más de la mitad de los trabajadores está en situación de pobreza, por lo que se requieren políticas públicas eficaces y eficientes para atender este problema, indica la investigación, en la que participaron los especialistas Miguel Reyes, Graciela Teruel, Enrique Minor, Miguel López y Eduardo Bermejo, entre otros.

Por otra parte, en un foro sobre el tema que se llevó a cabo en la Secretaría del Trabajo, Francisco Miguel Aguirre, de Valuaciones Actuariales del Norte, coincidió en que es muy bajo el porcentaje de trabajadores mexicanos que alcanzarán una pensión, lo que constituye un grave problema social.

Señaló que los diferentes sistemas públicos de pensiones están descapitalizados, lo que es a su vez un problema financiero. Indicó que incluso los sistemas de pensiones de los trabajadores universitarios están en difícil situación, a pesar de que han sido reformados, así como los del Banco de México y la banca de desarrollo. Por ejemplo, en prácticamente todas las universidades estatales ya se incrementó la edad y la antigüedad requeridos para el retiro e incluso se incrementaron las cuotas y aportaciones.

El especialista indicó que el presupuesto federal de egresos para el pago de pensiones se elevó de 616 mil 700 millones de pesos en 2015 a 781 mil 600 para el presente año, y se incrementará aun más para el año siguiente, cuando alcanzará 888 mil 100 millones de pesos.

Propuso crear una secretaría de Estado responsable de los sistemas de seguridad social en México, con autoridad política y financiera; modificar la Constitución para dar origen a una ley marco nacional de pensiones; designar un grupo interdisciplinario de expertos que analice la situación económica, social, jurídica y hasta política de todos los sistemas de pensiones que operan en el país, y rescatar los acuerdos, corregir sus deficiencias y proponer soluciones.