Elementos de la Policía Federal (PF) abrieron fuego sin acreditar que repelían una agresión, contra un vehículo en que viajaban dos personas adultas y dos niñas en hechos suscitados el 19 de enero de 2013, en Chihuahua, Chihuahua. Con esa agresión, los elementos de las fuerzas federales de seguridad vulneraron varios de los derechos humanos de las víctimas.

Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación que dirigió a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes.

Tras las investigaciones del caso, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez constató que el personal de la PF ejerció uso indebido de la fuerza por accionar sus armas de fuego sin acreditar que repelían una agresión, incumpliendo diversas disposiciones legales sobre el empleo de la fuerza pública.

Además, pudo comprobar que los policías federales alteraron, manipularon evidencia y procesaron indicios balísticos que no fueron entregados bajo cadena de custodia al representante social que investigaba los hechos.

El organismo nacional acreditó violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y a la integridad personal, a la vida e interés superior de la niñez, así como al acceso a la justicia en su modalidad de procuración en agravio de las víctimas.

Concluyó que los uniformados no garantizaron la integridad física y sicológica de dos niñas, entonces de cuatro y nueve años de edad, que viajaban en el vehículo contra el que abrieron fuego, además que no realizaron las acciones necesarias para su resguardo y omitieron indicar su presencia en el evento cuando rindieron sus informes correspondientes, con lo cual no observaron el principio de interés superior de la niñez.

La CNDH acreditó que una de las víctimas perdió la vida por los disparos de los agentes federales y otra resultó herida y se le internó en un hospital. Un día después se le puso a disposición del Ministerio Público Federal señalada como probable responsable de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y de delitos contra la salud.

La PGR inició una averiguación previa por la probable comisión del delito de homicidio y tentativa de éste en contra de personal de la PF, en cuya integración, los agentes del Ministerio Público de la Federación omitieron la práctica de diligencias para la investigación de los hechos, además de que no atendieron a las víctimas respectivas.

Sobre esto el organismo nacional de derechos humanos subrayó que no le corresponde pronunciarse sobre la probable responsabilidad penal que se le imputó a uno de los agraviados, pues se trata de una atribución del Poder Judicial. Sin embargo, enfatizó que deben respetarse en todo momento las garantías ­fundamentales.