urante el paso de Lidia por Baja California Sur, a finales de agosto, que dejó un saldo de seis personas muertas, el presidente Peña Nieto calificó la actuación de su gobierno como preventiva más que reactiva, refiriéndose a una supuesta buena coordinación de los tres órdenes de gobierno y sus organizaciones de protección civil, mediante el denominado Plan MX, que es exclusivamente de respuesta. Hay algo muy grave en esta afirmación.

Desde la celebración del Decenio Internacional para la Reducción de Desastres, auspiciado por la ONU en la década de 1990, se tomó consciencia de que el modelo gubernamental para enfrentar riesgos y desastres, llamado protección civil, resultaba inconveniente, ya que sólo servía para responder a los golpes desastrosos de las amenazas naturales y de todo tipo. El gobierno mexicano así lo reconoció cuando en la Ley General de Protección Civil, de hace cinco años, urgía a todo el sistema nacional de protección civil y sus pares en los estados y municipios, a adoptar un enfoque nuevo, el de la llamada gestión integral del riesgo de desastres (GIRD).

Los componentes de ese modelo de intervención gubernamental para reducir desastres tenían una mejor correspondencia con actividades de prevención, mediante el reconocimiento de las amenazas y la planificación para anticipar no sólo la ocurrencia de estas amenazas, sino las mejores medidas de preparación, respuesta y recuperación de desastres, lo que se llama el ciclo entero del desastre. Por el contrario, la atención a los eventos desastrosos en este régimen no muestran avance en ese sentido.

¿Cómo procesar los sucesos desastrosos que estamos sufriendo en estos momentos? Por donde se quiera ver, se observa negligencia y omisión gubernamental.

El temblor del 7 de septiembre, cuyo epicentro fue en el golfo de Tehuantepec, ha puesto en evidencia, otra vez, las omisiones, falencias y manipulación del actual régimen para prevenir desastres. El sismo ocurrió en una zona archiconocida por ser la de más alta sismicidad en el país. De nuevo, el sismo ocurrió como si todo el conocimiento sismológico, convertido en conocimiento de riesgo, no existiera; como si los desarrollos en la planificación preventiva ligadas a la GIRD tampoco existieran. Las comunidades de Oaxaca y Chiapas que sufrieron las destrucciones, enfrentaron ese peligro como si no tuvieran autoridad ni ciencia que les ofreciera las herramientas mínimas para reducir las consecuencias adversas de tal fenómeno natural.

En 2013, cuando Ingrid y Manuel azotaron las dos costas del país, dejando destrucción y muerte, la larga cadena de desaciertos del sistema de protección civil y su ala científica, el Cenapred, motivó el anuncio de que sería la UNAM la instancia que retomaría la rectoría de la investigación de ese centro de prevención de desastres. ¿Qué ha pasado desde entonces?

Inmediatamente después del macrosismo del 7 de septiembre, el Servicio Sismológico de Nacional (SSN) empezó a emitir sus cálculos de magnitud y localización del epicentro y la profundidad. De manera paralela, el Centro Nacional de Información Sísmica (CNIS) de Estados Unidos hace lo mismo. Pero aquí ni siquiera la actividad científica más rigurosa escapa a la politización. Ya sabemos que los funcionarios buscarán siempre la culpa del desastre en la magnitud de los fenómenos de impacto, para recurrir sin ambages a las célebres explicaciones de que se trató de un desastre natural, que nadie tuvo la culpa, y que pudo haber sido peor.

El inicio de la politización del sismo del 7 de septiembre empezó con la definición de su magnitud. Sorprende el rol del SSN al mantener ese 8.2, cuando el CNIS (NEIC) lo fijó en 8.1. Se llegó a afirmar en un momento que había alcanzado 8.4. En hechos pasados, el SSN siempre corregía en favor del CNIS, ahora no. Mientras más grande haya sido el sismo, menos responsabilidad le cabe al sistema de protección civil, parecen tratar de convencernos. El SSN señaló que se trató de un sismo de subducción (placa de Cocos bajo la placa de Norteamérica), pero los gringos dijeron que no, sino que la placa de Cocos se dobló; en esto coincidió el experto mexicano Gerardo Suárez. No es incapacidad de nuestros científicos y técnicos, es interés de los políticos que los quieren controlar, y hay quienes se dejan controlar.

Hay información y propuestas técnicas más que suficientes para mitigar los daños por sismos, al igual que para otras amenazas naturales y antropogénicas, pero de eso se habla poco, porque poco –o nada– se ha hecho en mitigación de amenazas y vulnerabilidades. Las imágenes lo muestran: viviendas colapsadas, hechas de adobe y mampostería no confinada, frente a estructuras de mampostería confinada incólumes. Hay mucha teoría acerca de la relación entre sismicidad y estructuras construidas, pero no se aplica en técnicas y normas de observancia estricta. Hay que revisar la política de elaboración de Atlas de Riesgos fomentada por la Federación, a ver cuántos municipios lo tienen –y si lo aplican– y en cuántos hubo simulación.

Es necesario establecer la reducción de los riesgos conociendo las amenazas y las vulnerabilidades de la población y definir a partir de ello políticas adecuadas. Avanzar en el conocimiento científico y técnico es tan importante como saber la situación de las edificaciones que recibirán el impacto y las características de la población afectable; las normas de construcción deben ser hechas, pero también ser observadas. Se requiere un buen sistema de preparativos para la emergencia, aun sistemas de alerta que vayan más allá de amuletos como las alertas sísmi­cas que suenan cuando ya está ocurriendo el temblor. Como respuesta, se requiere que los ciudadanos sepan qué hacer frente a una amenaza, pero también que los funcionarios públicos puedan distinguir entre prevención y reacción.

En cuanto a la reconstrucción, debe acabarse con el negocio que los funcionarios de turno han hecho a partir de las desgracias en materia de viviendas, carreteras y equipamiento urbano. Es escandaloso lo que han hecho desde 1997, cuando el huracán Paulina, hinchándose de dinero a costa del sufrimiento de la gente. Recordemos el nicho de oportunidad llamado Ciudades Rurales. Pareciera que los gobernantes están esperando un desastre para quedarse con los recursos del Fonden y otros, haciendo obras que no benefician a los damnificados o duran un suspiro.

La corrupción es el peor desastre en el país y la impunidad es su sostén. Los muertos, nuestros muertos, sus muertes, tienen responsables.

* Investigador titular del Ciesas

** Director de La Jornada de Oriente