El gobierno federal pretende mantener el recorte presupuestal a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que tan sólo el año pasado fue 51 por ciento, y no contempla la cancelación del convenio firmado en 2007, por el presidente Felipe Calderón y el gobierno de Canadá, que permite desde entonces a las mineras la doble tributación en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), afectando los ingresos der erario para destinarlos al gasto social.

Durante el foro el desarrollo sostenible, sustentable y con identidad de los pueblos indígenas, celebrado en la Cámara de Diputados, Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de la Segob, reprochó la postura de la autoridad federal: No existe ninguna justificación ni argumentación válida; porque si el recorte general a las otras dependencias debido al déficit financiero es de 10 o 12 por ciento, y en este caso se recortó sin ningún criterio explicable a la dependencia CDI que es la que atiende a los pueblos indígenas, con 50 por ciento, lo que es injustificable.

El comisionado recordó que en el gobierno de Calderón, se aceptó –sin explicación alguna–, firmar un convenio con Canadá, lo cual implica que además de exportar los metales precisosos que extraen del suelo mexicano, las mineras canadienses, también le llevan a su país el ISR.

“Y para ello tengo el ejemplo de la minera Peñasquito en donde en 2014 el valor de la producción fue de 21 mil millones de pesos, los impuestos que pagaron en México fueron 183 millones de pesos y los impuestos que regresaron de Canadá por concepto de ISR, ascendieron a 6 mil 300 millones de pesos, es decir lo que le recortaron a la CDI en 2017.

Y eso se atiene a la información de las empreas, porque la que proporcionan sobre el volumen de la producción minera que tenemos a nuestro alcance es la información que dan las mineras, no las dependencias del gobierno, porque tal como lo documenta la propia Auditoría Superior de la Federación, en su reporte de 2014, la Secretaría de Economía que debe tener bajo su responsabilidad la vigilancia y la supervisión de la producción minera, resulta que no cuenta con supervisores, ni sabemos cómo país, qué es lo que realmente estamos produciendo y cuáles son las cantidades de metales y minerales que producimos y exportamos.

Para Martínez Veloz mas allá del problema financiero en el país, el recorte al gasto de los indígenas es un mensaje muy desalentador para ellos. El presupuesto para la CDI proyectado para gasto federal en 2018, ronda alrededor de 6 mil 100 millones de pesos, casi el mismo de 2017, por lo que se manifiesta que se tiene la misma actitud restrictiva frente a esta dependencia que se encarga de articular la política del Gobierno mexicano hacia los pueblos originarios.

El mensaje del comisionado se endureció, cuando expuso, “me he preguntado si en realidad eso significa un tema exclusivamente financiero o tiene otra connotación de carácter político. La conflictividad en las comunidades indígenas y campesinas del país es muy seria y muy grave.

Hasta antes de los noventa existía un fuerte apoyo al campo y si bien es cierto que había hechos de corrupción, y algunos otros criticaban que existía paternalismo, en lugar de combatir los hechos de corrupción, lo que hicieron fue cancelar los apoyos que hacían posible que el campo tuviera estabilidad social. En cuanto al paternalismo, este no se ha ido de la vida pública, solamente que ha cambiado de dirección, lo que antes se destinaba para el campo hoy se destina para los banqueros, los viejos críticos del paternalismo que son los usufructuarios de lo mismo que criticaban.