El noveno tribunal colegiado en materia civil con sede en la Ciudad de México concedió a la naviera Oceanografía una suspensión definitiva para que el síndico de la quiebra no remate los bienes de la empresa decomisados por la Procuraduría General de la República (PGR), pues aún se encuentra en trámite un amparo de la compañía contra la declaración de quiebra que dictó el juez federal Felipe Consuelo Soto en agosto de 2016.

Resulta procedente conceder la suspensión definitiva del acto reclamado para el efecto de que pudiendo continuar con el procedimiento de la etapa de quiebra no se lleve a cabo la entrega de los bienes de la concursada o el producto de su venta a terceras personas.

La suspensión, de acuerdo con el expediente 120/2017, deberá surtir efecto de inmediato, hasta en tanto no sea dictada una sentencia firme en el juicio de amparo, pues de llevarse a cabo todas sus consecuencias se causarían daños de difícil reparación a la inconforme en caso de que sea declarada la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues ya no podrá recuperarlos.

En junio pasado el juzgado tercero de distrito en materia civil fue notificado por la PGR de la terminación de las providencias cautelares de los bienes de la firma –incluyen 21 navíos–, que aún presta servicios de transporte de combustibles a Petróleo Mexicanos (Pemex).

Con esto la empresa, propiedad de Amado Yáñez Osuna, tenía la posibilidad de seguir operando ya no como compañía asegurada y podría recapitalizarse; sin embargo, deberá continuar el proceso de pago a los acreedores, monto que supera 14 mil millones de pesos.

En su momento la PGR dio a conocer que el juzgado tercero de distrito en materia civil había resuelto que todas las personas que tuvieran en posesión bienes de Oceanografía fueran entregados al síndico del concurso mercantil 265/2014.

Pero ayer el noveno tribunal colegiado en materia civil congeló la liquidación de la compañía, en tanto resuelve la constitucionalidad del fallo de quiebra.

En agosto del año pasado la empresa fue declarada en quiebra, aunque desde 2014 quedaron suspendidos sus servicios de transporte de combustible, ingeniería geofísica marina, buceo de saturación, operación de vehículos sumergibles manejados a control remoto, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos. Noventa por ciento de operaciones las realizaba con Pemex.

La compañía, de Amado Yáñez –principal accionista y quien enfrenta un proceso en libertad–, fue decomisada por el gobierno federal tras descubrirse un fraude cometido en contra de Banamex por más de 5 mil millones de pesos.