La Cámara de Diputados se colocó, por primera vez desde 1997 –cuando el PRI perdió la mayoría absoluta y los órganos de dirección se aprobaron de última hora– al borde de la parálisis legislativa, después de que el bloque PAN-PRD-MC insiste en no avalar la integración de la mesa directiva y de que, al concluir hoy la que está en funciones, la Ley Orgánica del Congreso General no prevé un mecanismo que permita designarla sin el voto de las dos terceras partes de los legisladores.

Esta crisis, que derivó de la advertencia de ‘‘guerra’’ del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, contra el gobierno y el PRI, y que se avivó con la designación de Ernesto Cordero, colaborador de Felipe Calderón, ha impedido que desde el jueves se vote la nueva mesa.

A partir de ello, la cámara aplicó lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica, donde se define que si en la sesión preparatoria al inicio del año legislativo –esto es, en la del 31 de agosto– ‘‘no se alcanza la mayoría calificada requerida, la mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes, con el fin de que se logren los entendimientos necesarios’’.

Sin embargo, ni la Constitución ni la Ley Orgánica definen una salida en caso de que prevalezca un desacuerdo y la Junta de Coordinación Política está citada para hoy a las nueve de la mañana, con objeto de obtener un arreglo.

Para el PRI, en la sesión ordinaria de hoy –cuando se someta a votación la integración de la mesa, que incluye a Jorge Carlos Ramírez Marín como presidente– podría aplicarse lo que dispone el mismo artículo 17, respecto de que la Mesa de Decanos podría citar a la instalación del Congreso, pero no tiene atribuciones más allá del 5 de septiembre.

Esto es, sólo podría citar a una nueva sesión para que ahí se someta a votación la mesa directiva, pero tampoco cuenta con atribuciones para citar a la siguiente sesión ordinaria.

Si se mantiene la cámara sin ese órgano, los diputados no podrían recibir –a más tardar el viernes– el Paquete Económico 2018, aun cuando se prevé que la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los Criterios de Política Económica puedan ser recibidos, como ocurrió con el quinto Informe presidencial, por el secretario general, Mauricio Farah. No obstante, el funcionario no cuenta con facultades para turnar a las comisiones de Hacienda y de Presupuesto los documentos, porque se trata de una obligación del presidente de la cámara.

Para resaltar el dilema, el PRI recordó que desde el inicio de la 57 Legislatura (1997-2000), cuando el llamado Grupo de los Cuatro, formado por PAN, PRD, PT y PVEM, obligó al tricolor a aceptar a Porfirio Muñoz Ledo como presidente, no se había dado una crisis igual.

Una llamada de Los Pinos el 31 de agosto de ese año, que puso fin a la indignación de un priísmo que, encabezado en San Lázaro por Arturo Núñez –ahora gobernador de Tabasco– se negaba a admitir que Muñoz Ledo respondiera el tercer Informe de Ernesto Zedillo.

Aquel capítulo terminó con la postura expresada en tribuna por Ricardo Monreal, a la sazón vicecoordinador priísta, que reconocía la presidencia de la cámara en manos del PRD.