El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció la independencia con que el juez de distrito de San Antonio, Texas, Orlando García, se condujo para resolver la no aplicación de algunos apartados de la ley SB04, que habrían entrado en vigor el primero de septiembre, lo que el ombudsman calificó de paso relevante en la defensa de las garantías de los migrantes de ese estado.

Debido a la resolución del juzgador –que puede ser apelada–, las personas en contexto de migración no podrán ser detenidas por percepción, a consecuencia de su perfil racial, apariencia, acento, ascendencia o lenguaje.

Ello, apuntó González Pérez, debido a que dicha norma abría la posibilidad de una aplicación basada en señalamiento o estigmatización de las personas, provocando eventuales deportaciones y separaciones familiares que dejarían en soledad y desamparo a niños y adolescentes.

Ayer se difundió la posición del ombudsman sobre el fallo del juez texano, tema al que se refirió el jueves pasado durante la inauguración de una muestra en el Museo de Memoria y Tolerancia sobre migración y asilo. El funcionario señaló que en agosto pasado la CNDH presentó ante el juzgador el recurso amicus curiae, con el propósito de proporcionar argumentos adicionales que demostraran la inconstitucionalidad de la ley SB04. Es la primera ocasión en que el organismo acude ante un Estado nacional, destacó.

La sentencia aún no es definitiva y la controversia contra esa disposición puede llegar incluso a la Suprema Corte de ese país. Al respecto, el presidente de la CNDH subrayó: Dicho ordenamiento debe ser declarado inválido en su totalidad, por lo que, aseguró, en caso de que se requiera, el organismo a su cargo interpondría otros recursos y trámites jurídicos.