En un contexto de crisis política, de descrédito de partidos e instituciones y con deficientes controles para evitar contiendas inequitativas, como la ocurrida en el estado de México, arrancará este viernes (8 de septiembre) el proceso electoral más grande y costoso de la historia del país, con 3 mil 416 cargos en juego.

Estudiosos de las elecciones advierten un escenario adverso para 2018, pues además de renovarse casi todo el mapa político del país (sólo en Baja California y Nayarit no habrá comicios locales), existen otros ingredientes que incrementan su complejidad.

Los altos niveles de violencia que se padecen en algunas zonas complicarán la postulación de candidatos o el reclutamiento de funcionarios de casilla, mientras la pobreza reproducirá el círculo clientelismo-inequidad, afirma Camilo Saavedra, académico de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y doctor por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.

El contexto electoral vigente, que representa un Frankenstein difícil de operar, generó muchas expectativas pero no las mejores soluciones al dar al Instituto Nacional Electoral (INE) tramos de los procesos locales y a los estados otras porciones, pero sin leyes homogéneas.

La reforma implicó un pacto entre los partidos, pero no involucró a los estados y por eso sólo en 2014 y 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió 129 acciones de inconstitucionalidad. De hecho, el anterior Instituto Federal Electoral (IFE) anticipó que era un modelo complejo, explica el autor de Democracia: el dilema de la participación y la representación.

Otra desventaja consiste en que el INE debe revisar las cuentas de los partidos y candidatos en poco tiempo. “Eso hace imposible descubrir un ‘Amigos de Fox’ o un Pemexgate, cuyas investigaciones llevaron tres años, no semanas como se obliga ahora a la autoridad”.

Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincide en que la reforma dejó vacíos en las competencias locales y federales. Lo vimos en Coahuila y en el estado de México, donde el INE decidía discrecionalmente cuándo involucrarse y cuándo no dejando huecos de vigilancia.

Más allá de las reglas, señala que los consejeros del instituto llegaron otra vez a sus puestos por el reparto de cuotas partidistas. Eso hace que la autonomía se condicione y se diluya.

La parcialidad con la que en 2015 se resolvieron las quejas contra el Partido Verde o la inacción frente al desmedido uso de programas sociales y de propaganda gubernamental en el estado de México, le hacen pensar que este esquema puede repetirse el año entrante.

Esto, porque si bien el INE reaccionó tarde a las críticas y emitió los lineamientos de cancha pareja, recibió un freno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano que por lo demás peca de los mismos defectos que el instituto en cuanto a su falta de autonomía de los partidos políticos.

Con ello, el coordinador del libro La (in) justicia electoral a examen, prevé que seguirá el enorme vacío reglamentario del artículo 134 de la Constitución y la litigiosidad en ascenso, porque funcionarios y gobiernos seguirán destinando millonadas a hacer proselitismo electoral disfrazado o abierto.

Si llegamos al primero de julio sin que el INE y el TEPJF hayan logrado detener el desvío de los recursos de programas sociales, así como la compra y coacción del voto, tendremos unos resultados y una autoridad totalmente cuestionada. La gente se preguntará para qué pagamos instituciones electorales tan caras si no pueden garantizar elecciones limpias.

Arturo Espinosa Silis, especialista en temas electorales y director de Strategia electoral, considera preocupante la revocación de los lineamientos de piso parejo. Está decisión dejó mal parado al INE y mostró que no está en la misma sintonía con el TEPJF.

Abogado por la Universidad Panamericana, vislumbra que los comicios se harán en medio de una crisis generalizada de la clase gobernante, de las instituciones, de los partidos políticos y de los jueces, cuyos índices de aprobación están a la baja. La encuesta Latinobarómetro 2016 mostró que sólo 48 por ciento de los mexicanos apoya la democracia, el nivel más bajo en América Latina.

Para detener el comportamiento tramposo de los políticos pide a las autoridades que apliquen sanciones ejemplares, tales como el retiro de candidaturas o de registros. Ahora, miden el costo de oportunidad de sus acciones e infringen la ley, al fin que pagarán una multa con dinero público en cinco o seis mensualidades.

Por otro lado, necesitamos que los ciudadanos exijan más a los partidos políticos, porque siempre juegan a desafiar a la autoridad. Que quienes lleguen a los cargos representen algo disruptivo. Necesitamos más Kumamotos, pero no van a salir todos en una elección.

Hugo Concha centra también esta crisis política en el papel de los partidos políticos “como verdaderos actores que deciden, se reparten y negocian, incluso más allá de los mecanismos constitucionales.

Mientras la sociedad no vaya subiendo los niveles de exigencia ni ejerciendo presión, seguiremos con autoridades y fuerzas políticas muy cínicas que acaban imponiendo sus decisiones.

Por eso plantea que si bien el Tribunal Electoral dejó abierta la puerta a la promoción de servidores públicos y de otros actores políticos a partir de este 8 de septiembre, no se deje de presionar al INE. Si la competencia legal no le alcanza debe intentar estirarla lo más posible y si eso no es suficiente, tiene una voz política para señalar lo que no se hace bien o a quienes violan la ley.

De lo contrario, nos enfrentaremos a elecciones similares a las del estado de México y Coahuila: Va a ganar el más tramposo o el que cuente con más recursos: ya sea el partido del gobierno por medio de los programas sociales o aquel que use fondos no reportados de procedencia ilícita. Puede ser un triunfo soportado en las urnas, pero fruto de un proceso desigual con el cobijo de las autoridades.