engamos presente las tres motivaciones centrales que dieron vida a la importante reforma constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero de 2017:
1. Cambiar el sistema de justicia con el fin de respetar la división de poderes y el estado de derecho; en lugar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje controladas por el Poder Ejecutivo, dichas funciones serán ejercidas por el Poder Judicial.
2. Restaurar el respeto a los derechos colectivos fundamentales de libertad de asociación gremial y negociación colectiva, suprimiendo los contratos de protección patronal firmados a espaldas de los trabajadores, generadores de un modelo corrupto y violento que les ha impedido defender sus condiciones de trabajo y mejorar sus salarios.
3. Suprimir la extorsión a las empresas mediante falsos emplazamientos de huelga promovidos por siglas sindicales que reclaman un pago a cambio de retirar sus indebidas exigencias.
Esta reforma generó grandes expectativas sobre la posibilidad de un cambio de fondo en el mundo laboral del país, en donde tan sólo uno de cada 100 trabajadores forma parte de un sindicato real, lo que ha provocado indefensión obrera y pobreza salarial.
Se esperaba que el gobierno federal impulsara un espacio público para enriquecer las propuestas de reglamentación de estos cambios a la Carta Magna. Era una oportunidad de oro para explorar la experiencia internacional en la materia, que incluye a países que han abandonado el control autoritario en favor de un modelo respetuoso de los derechos fundamentales, producto de un auténtico diálogo social y productivo. En estos meses, ha estado presente el ofrecimiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para compartir soluciones. La academia y distintos foros de especialistas han manifestado también su disposición a participar constructivamente en este proceso. Sin embargo, el gobierno como ha sido típico en estos cinco años, da un paso para adelante y dos para atrás, como sucedió con el seguro de desempleo y la pensión universal. Así, decidió encerrarse, confiando la tarea a un pequeño grupo de abogados y despachos empresariales que vienen trabajando en el más absoluto secreto.
Es evidente que de la óptica parcial e interesada de los principales beneficiarios del sistema de control gremial y contractual, difícilmente podría resultar una reglamentación adecuada. Trascendió que el primer punto en que el gobierno cedió frente a estos sectores, fue admitir en el Instituto Autónomo de Asociación y Registro Sindical, creado por la norma constitucional, que regresaran como solución ni más ni menos los que han sido identificados como el problema: los abogados empresariales y los líderes de las corruptas centrales oficiales. Si se confirma esta intención, la nueva institución autónoma, supuestamente garante de la libertad de asociación y de la contratación colectiva decente, se convertirá en un nuevo Frankenstein.
En este contradictorio trance se entrecruza la negociación del TLCAN y su capítulo laboral. Recordemos que cuando fue firmado, 23 años atrás, se incluyó un acuerdo paralelo en materia de trabajo, con principios muy loables pero carentes de mecanismos de cumplimiento. En aquel entonces, los negociadores mexicanos presumían haberlo dejado sin dientes. Ahora no parece fácil repetir la receta porque se incrementó la indefensión obrera y los salarios mexicanos no mejoraron, por el contrario, creció el diferencial respecto de los países socios.
Existe una justificada reclamación de los gobiernos canadiense y estadunidense, para que se consideren en las pláticas el tema salarial y las garantías de que se respeten en los tres países la libertad de asociación gremial y de contratación colectiva, incluyendo la ratificación del Convenio 98 de la OIT. En el caso mexicano, las violaciones a estos derechos han generado competencia desleal ( dumping laboral) ya que la producción se genera a costa de la pobreza e indefensión de las y los trabajadores. Por todo ello, debe superarse la vieja estrategia de caer en declaraciones vagas encubiertas de un concepto de falsa soberanía. En los mecanismos para lograr su implementación está el chiste.
El gobierno mexicano parece convencido de que no será fácil escabullirse con la fórmula de la simulación, por lo que ha trascendido que, como eventual compensación por el probable compromiso futuro de mejorar salarios, se debe compensar a los empresarios con otras reformas laborales que nada tienen que ver con la constitucional. Por ello, se analizan nuevas reglas para reducir la estabilidad en el empleo, ampliar la contratación ( outsourcing) modificando el artículo 15 inciso b) de la Ley Federal del Trabajo creado en la reforma laboral de 2012, que por cierto, nunca gustó a los empresarios y que por ello, el gobierno consintió su incumplimiento. También se analiza liberar los contratos temporales de prueba, capacitación y temporada del escaso margen de bilateralidad que la ley establece.
Por lo visto, la reforma laboral se ha puesto en barata, una especie de arbolito de navidad en el que sólo cuelgan sus deseos los integrantes del sector privilegiado por las políticas gubernamentales.
Se había anunciado que el día de ayer serían presentadas las iniciativas de ley, veremos si este hecho se confirma. Ojalá se haya atendido la petición expresada por diversos sectores de dar tiempo para la discusión pública de los proyectos. También está en duda si la negociación del TLC favorece este diferimiento.
