l salario de los maestros mexicanos se precariza a pasos agigantados, los aumentos van en caída libre desde 2008. No es fortuito que por varios ciclos anuales consecutivos –y 2017 no es la excepción a la regla–, estudios como los del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) coloquen a la profesión del docente en educación básica, desde prescolar hasta secundaria, en el top ten de las carreras peor pagadas; cuatro de las 10 profesiones que aparecen en esa lista están relacionadas directamente con la docencia y tres más, indirectamente.

El golpeteo contra el salario, la estabilidad laboral y la organización gremial de los maestros ha sido sistemático y tiene muchas facetas; por supuesto, una es la evaluación, pero no es la única: los gobiernos federal y locales han propiciado las condiciones para el deterioro financiero del sector educativo y con ello responsabilizar a los maestros. En estados como Michoacán, tal es el grado de la crisis, cierta, pero provocada con alevosía y ventaja, que en varias quincenas ha pesado sobre los mentores la amenaza del gobierno de no tener para cubrir el pago de su trabajo, ya devengado en las aulas escolares.

En estas condiciones es natural que aparezcan descontentos y además es absolutamente legítimo; sin embargo, la agenda pública de los gobiernos, así como de los medios de comunicación oficiales, han monotematizado y satanizado la problemática magisterial, la han llevado a una arena de pelea política donde cuatro de cada 10 espectadores son pobres, otros más están en la informalidad y la mayoría de los que tienen empleos formales no consiguen alcanzar una vida decorosa; ahí, hablar de estabilidad y seguridad laboral, frente a quienes nunca las tuvieron, o ya las han perdido y no tienen la fuerza organizativa para recuperarlas, es someter a los mentores al escarnio social.

Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, entendió muy bien el mecanismo para desviar recursos de la educación y luego culpar a los docentes: Que los maestros hablen menos de bonos y más de educación, se jacta en señalar, mientras desfalca al erario diariamente para promocionarse como abanderado de la alianza PRD-PAN en 2018. Con la misma frivolidad que deslegitima ante la opinión pública las demandas de los maestros, tiene el cinismo de pagar con dinero público su fotografía en la portada principal de la revista Caras, en la cual lo ponen entre los 20 papás más hot y de los más guapos de la política mexicana.

El reciente eslogan de su administración: Voltea a ver a Michoacán, aquí están haciendo las cosas bien, es otra de sus tácticas mediáticas para subirse al escenario nacional, pues igual se anuncia en medio de una pelea estelar de boxeo que dentro del programa Ventaneando con Paty Chapoy. Esto último sucedió, precisamente, el día en que la oficina de Pensiones Civiles del Estado comunicaba a sus derechohabientes el cierre indefinido de sus puertas y la suspensión de servicios para todo tipo de préstamos del fondo común, por falta de solvencia económica y hasta que el gobierno deposite los retrasos de varios meses, cuya parte proporcional ya fue descontada del salario de los trabajadores de la educación.

El mismo mecanismo, con igual o peor frivolidad, es utilizado por su secretario de Educación, Alberto Frutis Solís, el funcionario más custodiado después del gobernador, quien tuvo el cinismo de autonombrarse, en comparecencia ante la Legislatura local, el enamorado de la transparencia, siendo México el país en la cima de la corrupción en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Michoacán una de las tres entidades con mayores índices de corrupción gubernamental y él a la cabeza de una dependencia cuya crisis financiera asciende a 5 mil millones de pesos.

Para resarcir la crisis, la Secretaría de Educación responsabilizó al magisterio y decidió tomar varias medidas que su titular calificó de complacencias a este sector: retener vía nómina y para sus arcas los pagos por servicios funerarios, así como préstamos personales que los docentes contrataron con aseguradoras y empresas privadas; no emitir bonos o incentivos a los trabajadores estatales desde 2015; dejar de pagar salarios por servicios eventuales a más de 2 mil personas, varias de ellas han laborado por dos años o más sin cobrar; cambiar las claves de ascenso de trabajadores que tenían hasta 30 años de antigüedad por contratos temporales de menos de un año. De las cosas más graves que han hecho fue cancelar todas las plazas de quienes se jubilan, a esto se suma que ya son tres generaciones de normalistas sin ingresar al servicio docente, con lo cual se ha generado, hasta hoy, un déficit de 4 mil 500 salones sin maestro.

A la par que avanzan formas de precarización laboral en el magisterio, derivadas de los cambios constitucionales en materia educativa y del servicio profesional docente, se desarrollan otras por fuera de sus marcos normativos, que violan los derechos humanos y rayan en medidas totalitarias, pero que se desenvuelven en climas de linchamiento mediáticos creados para tal propósito, en los cuales hablar de respeto al salario y de mejorarlo se convierte en una medida para criminalizar la legítima protesta de los maestros mexicanos.

*Doctor en pedagogía crítica