El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, envió un estudio al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, con la finalidad de que considere trabajar en un presupuesto público con perspectiva de las garantías fundamentales para el ejercicio de 2018.

El ombudsman nacional solicita al funcionario que la dignidad de la persona sea eje del diseño, ejecución y revisión de los recursos para el próximo año. La SHCP debe presentar en unos días el anteproyecto a la Cámara de Diputados.

El estudio enviado por González Pérez fue elaborado en colaboración con el Programa de Estudios del Desarrollo, de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM). Asienta que un presupuesto con perspectiva de derechos humanos busca asegurar la satisfacción de los estándares mínimos de las garantías de la persona, atendiendo su progresividad mediante la utilización estratégica del máximo de los recursos disponibles, con la debida consideración a los grupos de atención prioritaria.

El titular de la CNDH consideró que en la reforma constitucional de 2011, el Estado adquirió una gran responsabilidad en relación con los derechos humanos, al incorporar su observancia y protección en todos los aspectos del orden público, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben respetar, proteger, garantizar y promover tales garantías.

Aseveró que el diseño, programación, ejecución y revisión del gasto se debe llevar a cabo con base en la transversalidad de dichas garantías, lo que incluye las eventuales adecuaciones y reducciones.

Deben hacerse todos los esfuerzos necesarios para lograr un presupuesto público orientado a los derechos humanos y atender en particular a los grupos prioritarios, como niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores e indígenas y sus comunidades, así como de la población que se encuentra en situación de pobreza.

El estudio de la CNDH y la UNAM, que se puede consultar en la página del organismo de defensa de las garantías fundamentales, subraya que las entidades públicas deben asegurar la satisfacción de niveles básicos de todos los derechos; que se prevea la optimización de los recursos disponibles y se garantice la progresividad y no retroceso, la no discriminación y la igualdad, entre otros principios de la asignación presupuestal con perspectiva de derechos humanos.