De las más de 30 mil personas desaparecidas en el país, 5 mil 452 (18 por ciento) son niños, niñas y adolescentes, pese a lo cual el Estado carece de una política diseñada para asistir a ese sector y garantizar la verdad, justicia y reparación a que tienen derecho ante esta grave violación a sus derechos.

Ante tal situación, varias organizaciones presentaron una denuncia general ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que revelan los obstáculos que enfrentan los menores que han sido víctimas de desaparición para acceder a la justicia y el impacto que tiene para otros la desaparición de un familiar adulto.

Enfatizaron que la realidad de México es abrumadora en esta materia, pues de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de 2006 al 31 de marzo de este año, oficialmente se reportaban como ausentes 3 mil 217 niñas y 2 mil 235 niños hasta de 17 años de edad.

Firman la denuncia organismos como el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Red por los Derechos de la Infancia. Señalan que la desaparición de 98.2 por ciento de las niñas, niños y adolescentes en los recientes 11 años coincide precisamente con el cambio en la política de seguridad del Estado mexicano, es decir, a partir de que en diciembre de 2006 se declaró la guerra contra el narcotráfico.

Los datos revelan que del total de menores afectados por ese flagelo en este periodo, 70 por ciento de los casos se han dado en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, y el 30 restante durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

A pesar del elevado número de personas ausentes, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, la crisis no ha sido reconocida ni asumida en su verdadera magnitud por el Estado mexicano. Hasta el momento las acciones emprendidas continúan siendo esfuerzos desarticulados, sin que haya procedimientos accesibles y transparentes para la búsqueda inmediata, localización y protección, lamentaron las ONG.

La ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces, dijeron, impide saber si existió o no participación, directa o indirecta, de funcionarios de alguno de los tres niveles de gobierno, lo que vulnera los derechos de las víctimas. Esto hace que sea imposible descartar una desaparición forzada potencial, más aún en un país donde hay varias evidencias de la complicidad de agentes del Estado con las organizaciones criminales.

Subrayaron que el gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos de los menores, familiares de víctimas y/o migrantes desaparecidos en territorio nacional.