l presidente guatemalteco, Jimmy Morales, realizó ayer un intento de cortar de raíz las investigaciones por sus presuntos actos de corrupción y emitió una orden para expulsar de inmediato del país al abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien el viernes pasado respaldó la petición formulada por la fiscal general del país vecino, Thelma Aldana, de retirar la inmunidad al mandatario (antejuicio) para investigarlo por financiamiento electoral ilícito.
Las reacciones a la medida presidencial fueron abrumadoras y por completo adversas a Morales. La opinión pública la rechazó en forma casi unánime, el episodio provocó una crisis de gabinete (el ministro de Relaciones Exteriores fue destituido por negarse a cumplir la orden de expulsión y la ministra de Salud –entre otros funcionarios– renunció a su cargo por estar en desacuerdo con ella). Diversos sectores salieron a las calles a expresar su respaldo a Velásquez y su repudio al presidente; varios organismos internacionales (empezando por la propia Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), así como los gobiernos que patrocinan la Cicig rechazaron la medida y, de puntilla, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió de inmediato la orden de sacar a Velásquez.
En suma, al declarar persona no grata al abogado colombiano, Jimmy Morales parece haber dado un paso en dirección del suicidio político: si lograra, pese a todo, forzar la salida del país del comisionado, habrá perdido toda legitimidad y credibilidad; si, en cambio, Velásquez consigue proseguir su tarea en Guatemala, el antejuicio al mandatario parece inevitable y podría desembocar en imputaciones penales, la destitución y la cárcel.
No está de más recordar que el actual mandatario llegó a la presidencia a finales de 2015 como culminación del impugnado proceso electoral que tuvo lugar tras la caída de Otto Pérez Molina, quien fue juzgado y encarcelado por corrupción junto con su vicepresidenta, Roxana Baldetti, gracias a la labor de esclarecimiento de la Cicig, y tras intensas movilizaciones sociales. Sin experiencia política ni administrativa alguna, el actual mandatario es considerado el operador de poderes fácticos tales como la vieja oficialidad militar, la cual se caracterizó por sus masivas violaciones a los derechos humanos durante la prolongada guerra que se desarrolló en Guatemala de principios de los años 60 a 1996. En lo que va del mandato de Morales, un hijo y un hermano suyos han sido encarcelados por corrupción.
La Cicig, por su parte, fue establecida a finales de 2006 mediante un acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno de Guatemala (posteriormente aprobado por la Corte de Constitucionalidad y el Congreso) y tiene por función apoyar al Ministerio Público en la investigación de delitos perpetrados por cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, para fortalecer a las instituciones de justicia. En sus casi 11 años de existencia, esa comisión internacional ha contribuido en forma decisiva a descubrir y esclarecer múltiples conspiraciones delictivas gestadas en el seno del poder público en el país centroamericano, incluyendo la más reciente, el financiamiento ilícito a la campaña electoral de Morales.
Cierto, no deja de resultar inquietante que una instancia foránea –patrocinada por los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza, además de la Unión Europea– se haya constituido en el principal actor en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país vecino. Pero tampoco puede ignorarse que el surgimiento de la Cicig es consecuencia de la debilidad del Estado en Guatemala, de la hasta entonces inveterada corrupción e impunidad de la mayor parte de su clase política y de la incapacidad de las instituciones nacionales de procuración e impartición de justicia para actuar con eficacia e independencia. Y en este sentido, la labor de la Cicig y de su titular han sido, sin duda, saludables y necesarias.
