La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Ley Federal de Telecomunicaciones no violenta los derechos humanos al debido proceso y a la seguridad jurídica, al ordenar que las compañías telefónicas entreguen a las procuradurías los datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las llamadas que se realicen desde equipos móviles.

La segunda sala consideró que la entrega de esos datos coadyuvará a las autoridades a la investigación de los delitos de extorsión, amenaza y secuestros, además de la atención a casos relacionados con delincuencia organizada.

Al resolver el amparo en revisión 345/2017, promovido por Teléfonos de México, determinó que, contrario a lo aducido por la empresa, la Ley Federal de Telecomunicaciones no resulta contraria a los derechos humanos al debido proceso y seguridad jurídica, pues si bien el legislador no estableció las formalidades que deben observar las autoridades competentes al momento de notificar los requerimientos de la entrega de datos de tráfico, lo cierto es que la existencia de tales requisitos se encuentra contemplada en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria.

Asimismo, estableció que las empresas tienen el deber de atender la solicitud de entrega de información de tráfico dentro del plazo máximo de setenta y dos horas, contadas a partir de la notificación, y que en caso de no hacerlo se harán acreedoras a una sanción, que va de 10 mil a 100 mil salarios mínimos.