Familiares de los 72 migrantes que fueron asesinados por integrantes del cártel de Los Zetas en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, demandaron al procurador de la República, Raúl Cervantes Andrade, que muestre voluntad política y congruencia para que haya una política de protección a las víctimas del delito, durante una manifestación silenciosa realizada frente a la sede de la Procuraduría General de la República(PGR).

Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), dio a conocer que durante un encuentro con integrantes de la Unidad para Migrantes de la PGR, se les informó que esta área no cuenta con recursos ni personal suficientes para desahogar las investigaciones, por lo que demandaron que Cervantes Andrade “muestre congruencia. Está muy bien que defendamos a nuestros paisanos en el exterior, pero también tenemos que cuidar a quienes cruzan en el territorio mexicano, porque requieren una vida digna.

Respetar derechos de afectados por delitos

Esperamos que haya una verdadera política de protección a las víctimas, y el procurador ha dicho que quiere hacer un cambio, es momento de hacerlo, y si quiere cambiar a esta institución que deje de maltratar a las víctimas y respete sus derechos; que apoye lo ya creado, tenemos la comisión forense y el mecanismo de apoyo exterior para atender a las familias de los 72 migrantes asesinados, que están en otros países y ello no está funcionando todavía, que las ponga en marcha y que la voluntad se manifieste en recursos y en una atención efectiva para las víctimas”, señaló Ana Lorena Delgadillo.

Los manifestantes demandaron la entrega de copias de los expedientes de la indagatoria, ya que la PGR no les ha dado acceso a los documentos de manera plena, ya que las copias que les han entregado son versiones públicas de los mismos; es decir: las páginas han sido censuradas en párrafos o en su totalidad, sin poder obtener detalles completos de las actuaciones.

Asimismo, señalaron que las autoridades mexicanas no han respondido a las exigencias para que se acredite que los restos entregado a los familiares de los 72 migrantes asesinados corresponden a sus consanguíneos.