Las reformas electorales, lejos de abaratar el costo de la democracia –incluido lo electoral– lo han incrementado. El presupuesto operativo que el Instituto Nacional Electoral (INE) busca recibir en 2018 asciende a 18 mil 256 millones de pesos, 43 por ciento más que en 2012, cuando se realizaron las anteriores elecciones presidenciales.

La Comisión de Presupuesto del INE presentó ayer su anteproyecto de presupuesto para el año próximo, que será en total de 25 mil 45 millones de pesos, considerando el también polémico financiamiento público para los partidos políticos.

En 2012, el presupuesto total del entonces llamado Instituto Federal Electoral (IFE) fue de 15 mil 953 millones de pesos y de éstos, 10 mil 661 millones fueron para su operación y 5 mil 292 millones para el financiamiento de los partidos políticos.

Aunque primero diversos consejeros se resistieron a comparar los presupuestos de anteriores comicios presidenciales argumentando que las funciones del ahora INE se han incrementado, finalmente se entregó al diario un análisis. Este se hizo en pesos constantes de 2018, o sea, considerando los aumentos inflacionarios ocurridos entre 2012 y 2017.

La operación normal del INE es 45 por ciento más costosa que en 2012, sin considerar los recursos destinados a los llamados proyectos, como son la organización de los procesos electorales.

La principal razón, según el propio organismo, es que el gasto operativo del INE se ha abultado 42 por ciento por el otorgamiento de bases laborales e incrementos de personal autorizados entre 2013 y 2017.

Existe una segunda causa del aumento de costos de la institución: en 35 por ciento, es por las nuevas atribuciones concedidas por el Congreso de la Unión, cuando aprobó la reforma político-electoral de 2014.

Y el otro motivo (21 por ciento de aumento) es el pago en rentas de inmuebles y la incorporación al servicio profesional de empleados de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, todo ello derivado también de las reformas electorales.

En conferencia de prensa de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, su presidente, Ciro Murayama, primero defendió que ‘‘el INE costará en términos relativos en esta elección, lo mismo que en promedio costaba el IFE antes’’. O sea, 35 pesos por cada 100 centavos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esto porque, según sus cuentas, en las tres elecciones presidenciales que organizó como organismo autónomo, las de 2000, 2006 y 2012, utilizó en promedio 0.35 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por eso insistió en que es imposible comparar este gasto con el de otros años, argumentando que ‘‘cualitativamente el INE tiene atribuciones que no ejercía el IFE, y por tanto puede ser comparable este presupuesto con elecciones donde ya tuvo estas responsabilidades, que son las de 2015’’.

Empero, reconoció que para 2018 están proyectando 2 mil 159 millones, descontando la inflación, adicionales a los que se ejercieron en 2015 debido al aumento del número de electores, casillas y una larga numeralia que se expuso en la conferencia.

El consejero electoral Benito Nacif también rechazó hacer esos parangones, ‘‘dado que ahora hacemos muchas otras cosas que en 2012 no hacíamos y que tienen un impacto financiero muy importante’’.

No hay nada inflado

Interrogada sobre qué harán si la Cámara de Diputados pretende recortar este monto, la consejera Dania Ravel dijo: ‘‘Yo apostaría porque no se haga ninguna reducción al presupuesto que estamos solicitando, porque todo está perfectamente bien justificado. No hay nada inflado, no hay nada prescindible’’.

Sin embargo, en 2018 habrá 802 millones de pesos para entregar bonos de compensación al personal, porque sus jornadas laborales se extenderán a causa de las elecciones. Murayama defendió esa partida al señalar que no habrá un solo día descanso y por tanto entregarán esa compensación a todos, salvo a los consejeros electorales, en lugar de pagar horas extras.

Reiteraron que no habrá recursos para revivir el proyecto de remodelación de su sede y tampoco para arrendar vehículos, aunque el tema no quedó claro porque el contrato correspondiente concluye el próximo año y no se prevé rescindirlo.