n un país como México, con las carencias a tope y los recortes presupuestales en el orden del día, ¿para qué serían útiles 25 mil millones de pesos en un año fiscal? Bueno, de entrada servirían para aumentar 10 por ciento los dineros públicos canalizados a Educación Pública; 20 por ciento adicional para Salud o Desarrollo Social; 70 por ciento adicional a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o a Medio Ambiente, o si se prefiere 100 por ciento de incremento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (una de las víctimas de la tijeras de la Secretaría de Hacienda). Eso, y mucho más.

Pero como lo anterior sólo es útil para el desarrollo nacional, y eso a la voraz clase política le vale un soberano pito, entonces esos 25 mil millones de pesos se canalizarán a la burocracia electoral y a las parasitarias empresas políticas disfrazadas de partidos, que cada día resultan más onerosas para los mexicanos y por dos vías: la económica, con presupuestos que crecen un año sí y el siguiente también, y la permanente falla de una democracia ostentosamente sin resultados, que es la promovida y usufructuada por tales instancias. Total, ellas sólo estiran la mano.

La Jornada (Claudia Herrera) informa que el presupuesto global que el Instituto Nacional Electoral (INE) pretende obtener para 2018 asciende a 25 mil 45 millones de pesos, lo que representa 63 por ciento más con respecto al de 2012, cuando también se celebraron elecciones presidenciales. En 2012 el entonces Instituto Federal Electoral recibió 15 mil 953 millones de pesos, de los cuales 10 mil 661.4 millones de pesos fueron de presupuesto operativo y 5 mil 292 millones de pesos para los partidos políticos. En 2018 el anteproyecto de presupuesto presentado hoy a los partidos políticos se compone de 18 mil 257 millones de gasto operativo del INE y 6 mil 788 millones de pesos para las fuerzas partidistas, para un total de 25 mil 45 millones de pesos.

Así es. Mientras en el gobierno federal mantienen muy activa la tijera que recorta presupuestos sociales, ese mismo artefacto lo tiran al bote de la basura a la hora de la danza de los millones entre la clase política, especialista en fingir demencia. Como bien lo apunta la citada nota de La Jornada, a los consejeros electorales se les preguntó en reiteradas ocasiones en qué porcentaje subía o bajaba el presupuesto de 2018 en pesos corrientes (considerando el aumento de la inflación) frente a los de 2012 y 2006, cuando hubo elecciones presidenciales, pero rechazaron hacer la comparación.

Información de la Cámara de Diputados revela que en lo que va del nuevo siglo (de las presidenciales de 2000 a las de 2018, siempre considerando el monto histórico anunciado por el INE) la burocracia electoral (INE, Fepade y el Tribunal respectivo), más las empresas políticas, del erario ha recibido alrededor de 240 mil millones de pesos en financiamiento público (sólo para el ámbito federal; el estatal se contabiliza aparte), de los que las rebanadas más gruesas, y por mucho, han sido para el IFE-INE y los malamente denominados partidos, todos con las chequeras rebosantes e impunes.

El monto de dicho presupuesto aumenta de forma inversamente proporcional a los resultados de la democracia que la burocracia electoral y sus partidos políticos legitiman y defienden. La ciudadanía a cambio de pagar el creciente cuan multimillonario paquete económico sólo recibe procesos electorales cada vez más sucios, más cuestionados y menos legales, pero legitimados por una presunta autoridad cada vez más acoplada a los intereses partidarios, especialmente al que pertenece el inquilino en turno de Los Pinos.

En días pasados se anunció un presupuesto cercano a 7 mil millones de pesos para que los partidos políticos financien su campaña federal en 2018, un monto 31 por ciento superior al que obtuvieron en 2012, también año de elección presidencial. Con respecto al proceso de 2006, el incremento resulta de 68 por ciento y si se le compara con el de 2000 entonces el avance resulta cercano a 130 por ciento. En lo que va del nuevo siglo estas empresas políticas han recibido más de 70 mil millones de pesos (el grueso de esos dineros se ha repartido, en orden de importancia, entre el PRI, el PAN y el PRD).

Y que sean los ciudadanos los que califiquen el costo-beneficio por el producto impuesto por los partidos políticos y legitimado por la burocracia electoral: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pendiente queda el siguiente inquilino de Los Pinos.

Y lo mismo sucede en el ámbito estatal. Multimillonarios presupuestos para partidos y candidatos a las distintas gubernaturas, para que a cambio los ciudadanos reciban personajes nefastos –que llegan a palacio de gobierno– como Javier Duarte, Roberto Borge, César Duarte, Ángel Aguirre, Andrés Granier, Gabino Cué, Guillermo Padrés, Rubén y Humberto Moreira, Fausto Vallejo, Rodrigo Medina, Fidel Herrera Beltrán, Eugenio Hernández, Luis Armando Reynoso Femat, Tomás Yarrington y los que se queden en el tintero. Idéntico recorrido se puede hacer por el Congreso federal y los estatales, y ya entrados en gastos por las presidencias municipales, sin olvidar, desde luego, a Los Pinos y los gabinetazos.

El mismo ejercicio se puede realizar con el IFE-INE, un organismo ciudadanizado (a estas alturas resulta un chiste macabro) que obtuvo –en números cerrados– un presupuesto de 8 mil 300 millones de pesos en 2000 para el financiamiento de las elecciones presidenciales de ese año; en 2006 los dineros se incrementaron a 11 mil 800 millones y en 2012 crecieron a 15 mil 600 millones. Para 2018 ya pactaron 25 mil millones, un monto histórico. Y entre la elección que en 2000 llevó a Fox a Los Pinos y la que en 2018 enviará a alguien a la residencia oficial, el monto referido registró un aumento cercano a 300 por ciento, con una inflación acumulada en el periodo cercana a 100 por ciento (hasta junio de 2017, de acuerdo con el Inegi).

Entonces, voraces, corruptos, ineficientes, cínicos e impunes, pero cada año reciben más.

Las rebanadas del pastel

Pues nada, que la inflación pasajera (Carstens dixit) llegó para quedarse, porque en la primera quincena de agosto el índice de precios al consumidor alcanzó un nivel anualizado de 6.59 por ciento, el mayor en 16 años. Por su parte, el índice de precios de la canasta básica aumentó 7.58 por ciento a tasa anualizada, una proporción cuatro veces mayor a la registrada en igual periodo de 2016, y contando.

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