Caracas.

El gobierno de Venezuela rechazó este miércoles acusaciones de corrupción de la ex fiscal general Luisa Ortega contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos.

Desde Brasilia, la ex chavista afirmó tener muchas pruebas, entre ellas el manejo de una empresa propiedad de Maduro, registrada en México que controla el reparto de alimentos en el país petrolero, además acusó al dirigente oficialista, Diosdado Cabello, de recibir 100 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

Las pruebas las tengo conmigo y voy a cederlas a algunos estados para que procedan a enjuiciar a quien corresponda, aseguró Ortega durante una reunión de fiscales del Mercado Común del Sur en Brasil, país que le ofreció asilo político.

Nombró en sus acusaciones a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.

Destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Ortega aseguró que Maduro controla con su firma el sistema de reparto de alimentos en Venezuela, el llamado Comité Local de Abastecimiento y Produccción, con el que el gobierno intenta afrontar la escasez y al que la oposición considera parte del aparato de corruptelas.

Según Ortega, el control se ejerce a través de “una empresa registrada en México a nombre de dos personas (…) que se presume es del presidente Maduro”.

A Cabello lo acusó de recibir sobornos por 100 millones de dólares por medio de una empresa en España en relación con el caso de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en escándalos de corrupción internacional.

Durante una reunión de fiscales del Mercosur celebrada en Brasilia, la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega mencionó que entregará a España, Colombia, Brasil y Estados Unidos, las pruebas que dice tener contra el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios por corrupción. La ex funcionaria huyó de su país y Brasil le ha ofrecido asiloFoto Xinhua

La ex fiscal mencionó que España, Colombia, Brasil y Estados Unidos son algunos de los países que tendrán acceso a los documentos que sacó de Venezuela en su huída.

Desde Caracas, el fiscal general interino, Tarek William Saab, respondió que “carece de toda validez lo que pueda decir una ex funcionaria que en casi 10 años no impulsó acciones contra ninguna de las personas de las cuales ahora habla. ¿Ahora sí vas a hablar, luego de que te fuiste en un yate, en aviones privados?

Tendría validez legal que esas supuestas pruebas las hubiera presentado ante el sistema de justicia venezolano, añadió Saab, quien calificó los señalamientos de propaganda para difamar.

Además, acusó a Ortega de ser negligente con la corrupción, y la descalificó como una turista mundial.

Desde Miami, el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, dijo ante la comunidad venezolana que el colapso de Caracas pondrá en peligro a todos en el hemisferio occidental, porque propicia el narcotráfico y la migración ilegal.

Según un funcionario estadunidense que habló con la condición de mantener su nombre en el anonimato, Estados Unidos está considerando sanciones adicionales contra Venezuela, incluida una prohibición a operar con la deuda del país.