Grupo México está maniobrando una vez más con autoridades de la Secretaría del Trabajo y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para intentar quitar al sindicato nacional de mineros la titularidad del contrato colectivo laboral de la mina de Sombrerete, Zacatecas, la cual está en huelga desde hace 10 años.

Con ese propósito la empresa de Germán Larrea se apoya en un sindicato patronal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, que contrató ilegalmente a mineros que ya fueron liquidados y jubilados para que participaran en el proceso para demandar la titularidad de dicho contrato, el cual tiene el gremio que preside Napoleón Gómez Urrutia.

En las audiencias de los días 16 y 21 de junio de 2017 el gremio minero hizo valer irregularidades del Sindicato Nacional de Trabajadores de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana (Snteebmrm), que obedece órdenes de Germán Larrea, para intentar probar que tiene representación para llevar a cabo la disputa por el contrato.

El minero, por su parte, ofreció pruebas que acreditan que el padrón de socios del Snteebmrm y de la empresa incluye a 160 empleados indemnizados hace cinco y seis años, 16 que están pensionados por edad avanzada y 11 empleados muertos, a los cuales pretende presentar como miembros activos, lista que está vencida y no cuenta con el registro del sindicato minero, único titular del contrato vigente.

En tanto, el 17 de agosto de este año la JFCA pretendió desechar ante el sindicato minero los incidentes planteados y notificó que hoy se resolverá el asunto del padrón de socios que serviría como base para el recuento de votos, en el que se decidirá qué sindicato tendrá la titularidad.

Señala que es ilegal el padrón de socios aprobado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que serviría de base para el recuento de votos.

Por esas razones, la organización que dirige Gómez Urrutia sostuvo que dicha junta prepara un recuento plagado de acciones ilegales, que pese a que se le han hecho saber durante el juicio, se niega a reconocerlas y pretende proceder contra la ley, la Constitución y los tratados internacionales.

Del mismo modo, el sindicato hizo un llamado al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que detenga la intención de la JFCA, la Secretaría del Trabajo, el subsecretario Rafael Avante Juárez y la empresa de Larrea de querer arrebatarles el contrato colectivo de los trabajadores en huelga de la sección 201 de la mina de San Martín Sombrerete.

De lo contrario se presentará una denuncia penal contra los funcionarios que participen en esos hechos, por abuso de autoridad y obstrucción de la justicia.

Pidió al jefe del Ejecutivo que se recupere el estado de derecho en el sector minero, metalúrgico y siderúrgico, y deje de prevalecer la llamada ley del más corrupto y alevoso, y se imparta justicia a los trabajadores de esa mina.