Para terminar con que casi 80 por ciento de empresas de outsourcing en México son evasoras de impuestos, operan en la impunidad laboral y 90 por ciento no afilian a los trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Economía (SE), emitió un proyecto de norma para regular a ese sector, es decir, que pague impuestos y no opere en la clandestinidad.

El proyecto de norma mexicana Proy-Nmx-R-086-Scfi-2016 señala que, a partir de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, dichas compañías estarán obligadas a registrarse ante el IMSS y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para poder laborar. Además, tendrán que emitir facturas electrónicas y hacer contratos a los empleados conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Con el propósito de terminar con la opacidad en que operan, les otorgarán un distintivo para diferenciar a las que se sujetan al marco normativo y erradicar la informalidad de esquemas de contratación ilegales por firmas evasoras.

Esa norma obligará a que las personas morales que se dediquen a la subcontratación de personal deberán estar dadas de alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, acreditar que cuentan con recursos materiales, infraestructura y capital humano para prestar el servicio, con la finalidad de que desaparezcan las empresas fantasma del sector y cumplir con la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), entre otros.

Ya no valdrá que hagan firmar a los empleados hojas en blanco, pues se estipula que éstos tendrán que tener un contrato individual de trabajo, en el que se especifiquen las condiciones generales del mismo, su vigencia, los servicios que deberán prestar, la duración de la jornada y el monto del salario. Puntualiza: No serán permitidos los contratos por honorarios asimilables a salarios u otras figuras distintas de pago que no sea la entrega de un sueldo.

Una copia del documento de la SE indica que ahora los trabajadores que sean contratados por una compañía de terciarización podrán tener acceso a los créditos del Infonavit, lo cual no ocurre actualmente.

Ello porque tendrán que cumplir responsabilidades laborales, como comprobar el pago de aportaciones de los trabajadores al Infonavit y las retenciones por créditos que obtengan del instituto. Además, deberán reportar todas las altas y bajas de trabajadores ante el IMSS, exhibir cédulas de registros patronales y pagar cuotas de los empleados con el factor de riesgo que les corresponde de acuerdo con la ley.

Las autoridades darán seguimiento cuando se detecten irregularidades o se reciban quejas contra dichas compañías. Asimismo, realizarán visitas sin previo aviso y se suspenderá la operación de las mismas, así como la cancelación del certificado de cumplimiento.

En la elaboración de dicha norma, además de la SE, participaron organizaciones como la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, la Escuela Libre de Derecho, GinGroup, Manpower, Proyección y Administración Empresarial de México y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.