oncluyó la primera ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN) y los participantes anuncian que el siguiente encuentro trilateral se concretará el primer día del próximo mes, en el entendido de que trabajarán a ritmo acelerado. Hasta ahora, los representantes de Estados Unidos sólo han mostrado las garras, los canadienses los principios y los mexicanos el sudor en la frente, toda vez que son los más débiles y dependientes.

El calendario de las rondas de negociación oficialmente quedó listo: del 1° al 5 de septiembre en México; en Canadá a finales de dicho mes y en Estados Unidos en octubre, con encuentros adicionales planeados en el resto de 2017. Y en comunicado conjunto los participantes declararon que los próximos meses requerirán de un gran esfuerzo y compromiso, y (los tres países) están comprometidos con un proceso amplio y acelerado de negociación que actualizará nuestro acuerdo y establecerá estándares del siglo XXI en beneficio de nuestros ciudadanos.

Entonces, como siempre, las sonrisas son para la foto, mientras en la mesa de negociación las patadas marcan la pauta, con el objetivo de garantizar la miseria para muchos y la abundancia para unos cuantos, como en el caso de la industria automotriz mexicana (léase la maquila automotriz en México, oficialmente la joya de la corona teleciana) de la que los gringos exigen cada día más (un sustancial contenido estadunidense en el sector, demanda el presentante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, con todo y que en el marco del TLCAN ese país es el rey).

Por ejemplo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados detalla que los ahorros salariales –que se convierten en utilidades para las empresas– obtenidos en México suman alrededor de 674 dólares por vehículo; México exporta cerca de 2 millones de unidades al año y la ganancia o el ahorro para las empresas es cercano a mil 400 millones de dólares, monto que se suma a los mil 200 millones de billetes verdes que dejan de pagar en el marco del citado tratado.

Entonces, nada mal está un ahorro cercano a 2 mil 600 millones anuales sólo por los dos conceptos referidos (monto que dejan de obtener los trabajadores mexicanos y el fisco nacional de captar), pero el representante comercial del salvaje KKK quiere más… y todo apunta a que el de Los Pinos lo concederá.

El citado análisis del CEFP subraya que una de las principales ventajas competitivas de México en el sector automotriz es que ofrece el costo laboral más bajo de la región de América del Norte, incluso de América Latina, pues el salario en la industria manufacturera en 2015 fue de 2.42 dólares por hora en promedio, contra 19.92 dólares en Estados Unidos, es decir, una diferencia de casi nueve tantos.

De esa forma, anota, un menor nivel salarial permite reducir los costos unitarios, los cuales, en México, Canadá y Japón han descendido a partir de 2013, mientras en Estados Unidos siguen una tendencia al alza desde 2010. De acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Investigación Automotriz, el diferencial en el costo laboral en la producción de un automóvil entre México y Estados Unidos es de alrededor de 674 dólares por unidad. Sin duda, para procesos con alto contenido de mano de obra en México se pueden lograr grandes ahorros en costos, pero la producción que requiere un bajo contenido de mano de obra es más probable que se oriente o se ubique en Estados Unidos.

Pero no queda allí la competitividad mexicana, pues, según el CEFP, otras ventajas que favorecen a nuestro país en la producción de automóviles se encuentran los costos de los materiales entre México y Estados Unidos. Si bien no toda la producción de materiales hecha en México es de grado automotriz, como el acero, por ejemplo, éste se tiene que importar; pero resulta más barato importarlos a México que a Estados Unidos, porque las importaciones en México no pagan aranceles, lo que contrarresta los costos logísticos.

Debe incluirse la disponibilidad de mano de obra calificada, los programas educativos y capacitación (varias entidades federativas con presencia automotriz los desarrollan para trabajadores, donde ofrecen carreras vinculadas con esta industria), los incentivos a la inversión manufacturera, que antes de la reforma tributaria de 2014 impulsaron la instalación de inversión extranjera directa de plantas automotrices y autopartes de tal forma que fomentaron la creación de clústeres industriales.

La mayoría de los impuestos en México son federales, así, la capacidad de los estados para ofrecer incentivos fiscales es limitada. Si bien con la reforma tributaria, que entró en vigor en enero de 2014, se eliminaron varios de los incentivos fiscales del país, existen otros no federales que varían según la industria, la ubicación, la cantidad y calidad de los puestos de trabajo creados y nivel de inversión financiera. De ese modo, a escala estatal, los incentivos a las inversiones incluyen bienes raíces subvencionados, programas de capacitación de empleados, provisión de infraestructura nueva o mejorada y reducciones de impuestos estatales.

Añádanse las tarifas arancelarias, porque México proporciona acceso libre a 40 naciones que representan 47 por ciento del mercado global de vehículos nuevos. Ningún otro país en el mundo posee este entorno de exportación automotriz libre de aranceles. Tan sólo en 2014, los vehículos ensamblados en México y exportados desde este país a los socios del TLC evitaron alrededor de mil 200 millones de dólares en aranceles. Otros incentivos incluyen tratamiento tributario preferencial para algunos insumos manufactureros.

En fin, para las empresas automotrices trasnacionales todo tipo de incentivos, mientras los trabajadores del sector sólo tienen derecho a salarios nueve veces menores a los que se pagan en Estados Unidos. Y esto es, precisamente, lo que el gobierno de EPN no está dispuesto a modificar.

Las rebanadas del pastel

En 1997 la promesa oficial fue que al financiar a los partidos políticos con recursos públicos, la democracia rendiría frutos en el corto plazo. Pero algo falló, porque dos décadas después el balance es desastroso: partidos que se transformaron en voraces empresas privadas que recibieron cerca de 80 mil millones de pesos en el periodo, sólo para patear a los ciudadanos y a la democracia, a estas alturas ostentosamente fallida.

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