Tras conocerse que suman 334 recursos interpuestos contra los lineamientos de piso parejo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que quien se sienta afectado e inconforme tiene abierta la puerta de la impugnación.

Concluida la sesión del Consejo General, el consejero presidente fue parco y no quiso abundar sobre el cúmulo de impugnaciones enviadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), incluidas las de la Presidencia de la República y de siete gobernadores.

Les contesto con una sola frase, porque la nota ya la dimos en el Consejo General. El instituto está trabajando y venturosamente existe un tribunal electoral que revisa nuestros actos, precisó.

Expresó ayer que en los próximos días el instituto emitirá los lineamientos que faltan rumbo a las elecciones de 2018, y quien sienta afectados sus intereses, inconforme con los mismos, tiene abierta venturosamente la puerta de la impugnación.

Durante la sesión, el consejero Marco Antonio Baños afirmó que este es el acuerdo más impugnado de la historia del INE, al sumar 334 recursos presentados en su contra.

Resaltó que cinco partidos políticos nacionales se sumaron a los inconformes, además de la Presidencia de la República, gobernadores y los medios de comunicación.

La inconformidad de diversos actores políticos se debe a que estos lineamientos prohíben a quienes aspiren a cargos de elección popular el próximo año pagar propaganda en radio, televisión, redes sociales y en vía pública a partir del 8 de septiembre. En el caso de los servidores públicos, les pone una serie de limitaciones para que no aprovechen su cargo para hacerse publicidad.

Baños responsabilizó a los partidos de convertir al instituto en un árbitro completamente distinto, que está llenando huecos que los institutos políticos han dejado para que sus servidores públicos tengan mayor margen de maniobra.

Les recordó que no hay una ley que regule la propaganda institucional ni la actuación de los dirigentes partidistas, razón por la cual el instituto aprobó las reglamentaciones complementarias ahora impugnadas.