La Presidencia de la República demandó que se revoquen los lineamientos de ‘‘piso parejo’’, emitidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), por considerar que es ilegal e inconstitucional limitar la promoción de programas sociales antes del inicio de las campañas electorales.

El consejero jurídico de Los Pinos, Misha Leonel Granados Fernández, pidió a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revoque dicha norma, porque está ‘‘viciada de origen’’ y vulnera la esfera del gobierno federal.

Según el texto de 74 páginas, la oficina legal del presidente Enrique Peña Nieto defiende que tiene interés jurídico para impugnar el acuerdo del INE, porque el propio instituto le envió un oficio notificándole su aprobación.

Explica que por ese medio el Instituto Nacional Electoral le solicitó al Ejecutivo ‘‘su intervención para que se haga extensivo el contenido de los referidos lineamientos al gabinete federal y dependencias de la administración pública, con lo cual mi representada queda sometida al cumplimiento de dichos lineamientos’’.

Un aspecto impugnado fue que los lineamientos limitan el ejercicio de los recursos asignados a las dependencias, órganos y entidades del gobierno federal, para destinarlos a la promoción y difusión en medios de comunicación, como radio y televisión, sobre programas gubernamentales.

La inconformidad de la Presidencia de la República se debe a que se prohíbe a quienes aspiren a ser candidatos a cargos de elección popular difundir algún logro de gobierno, obra pública e incluso emitir información dirigida a justificar ante la población la pertinencia de una administración particular.

Agrega que ‘‘la anterior regulación merma el presupuesto de las dependencias y entidades del gobierno federal respecto de los recursos que fueron destinados a la propaganda gubernamental para este ejercicio fiscal, toda vez que éstos también se encuentran comprometidos con terceros por medio de los contratos que las dependencias y entidades han celebrado con agencias de publicidad, diseño, fotografía, etcétera’’, según la Presidencia de la República.

El Consejo General, sin competencia constitucional

Advirtió, asimismo, que el periodo prohibido para difundir propaganda gubernamental se inicia a partir de las campañas electorales en sí y no desde las precampañas, como se pretende normar ahora.

Además, afirmó que el Consejo General del INE carece de atribuciones constitucionales y legales para ejercer una facultad de atracción y reglamentar, mediante lineamientos, materias ambas en que ni la Constitución General de la República ni la ley electoral le otorgaron competencia.

Y, dijo, se vulneró el principio de reserva de ley al asumir atribuciones conferidas solo al Congreso de la Unión.