Los nueve partidos políticos nacionales y candidatos independientes deberán recibir financiamiento público por un monto de 6 mil 788.9 millones de pesos en 2018, acordó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) tendría la cantidad más alta: mil 689.5 millones de pesos, según el proyecto de acuerdo publicado por este diario el domingo, y que votará el Consejo General del INE el día 18.

El Partido Acción Nacional (PAN) aparece con el segundo monto: mil 281.1 millones de pesos, seguido del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 773.5 millones de pesos, y después Morena, con 649.2 millones de pesos.

Los tres aliados del tricolor también se allegarán de elevados fondos públicos: el Partido Verde, 578.2 millones de pesos; Nueva Alianza, también brazo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 419.1 millones de pesos y Encuentro Social, 398.3 millones de pesos.

Aunque el Partido del Trabajo (PT) contará con la cantidad más baja –por haber recibido la votación menor en 2015– de todos modos la cantidad es cuantiosa: 376.7 millones de pesos.

En la breve sesión los partidos políticos expresaron algunas dudas sobre cómo se establecieron las cifras de financiamiento público, pero finalmente se aprobó ayer el documento tal como estaba propuesto.

En tanto, el Comité de Radio y Televisión aprobó unos lineamientos para que televisoras y radiodifusoras hagan una cobertura imparcial de las elecciones de 2018.

Todos los partidos políticos, con excepción del PRI, exigieron que esa especie de código de ética sea obligatorio y no un llamados a misa.

Por ejemplo, Nueva Alianza dijo que en 2012 su candidato presidencial fue borrado de los medios de comunicación e invitado al debate sólo porque el INE lo organizó.

Pero la propuesta presentada por Morena no fue aceptada por los consejeros Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Ciro Murayama. Este último sugirió a los partidos conseguir los votos para cambiar la ley, porque no es tarea del instituto hacer vinculante esta norma.