Muchas violaciones graves a los derechos humanos que se cometen en México reúnen los elementos para ser consideradas crímenes de lesa humanidad, debido a su condición generalizada, pero también a su nivel de intensidad y a que tienen lugar en un clima de impunidad casi total, provocado por la falta de investigaciones por parte del Estado.

Así lo afirmaron los participantes en el conversatorio Víctimas de crímenes de lesa humanidad: periodistas, migrantes y mujeres, y la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), organizado ayer por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

El analista internacional Jacobo Dayán subrayó la importancia de definir si lo que ocurre en México puede calificarse o no como una serie de crímenes de lesa humanidad, ya que a partir de identificar ante qué monstruo estamos, podemos entonces empezar a discutir sobre qué políticas públicas necesitamos y qué se requiere hacer para atender a las víctimas.

Luego de subrayar que no hay sistema penal en el planeta capaz de procesar los miles de casos de asesinato, desaparición y tortura que se perpetran en el país, el especialista en derechos humanos consideró evidente que en México sí se incurre en crímenes de lesa humanidad, como lo demuestran múltiples informes de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

No lo nombran por el tipo penal correspondiente, pero dan las señales y apuntan en la dirección de ataques generalizados, en un absoluto marco de impunidad, que es como el Estatuto de Roma –el documento constitutivo de la CPI– define los crímenes de lesa humanidad, indicó Dayán.

Elba Coria, directora de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa, coincidió en que los miles de casos de asesinatos, extorsiones, desapariciones y violaciones sexuales que se cometen en México contra migrantes indocumentados también pueden catalogarse de esa forma.

Lo anterior es importante, dijo, no sólo para llamar a las cosas por su nombre, sino porque al probarlo, es viable iniciar procesos de litigio ante la CPI.

Ana Cristina Ruelas, directora en México y Centroamérica de la organización Artículo 19, subrayó que en el caso de los periodistas, existen elementos suficientes para afirmar que hay una política intencional del Estado para restringir los flujos de información y dejar en la impunidad las agresiones contra comunicadores.

Una prueba de ello es que de los 426 ataques documentados contra periodistas en 2016, 53 por ciento fueron cometidos por servidores públicos, además de que todos los casos de asesinato o desaparición contra dicho gremio están en la impunidad y sólo hay tres de ellos con alguna sanción penal, pero sin haber identificado al autor intelectual de los hechos.

Laura García, directora ejecutiva del Fondo Semillas, consideró que los feminicidios y la trata de mujeres en México constituyen un fenómeno generalizado, pero estimó que ante ello, la solución no puede venir únicamente de enfoques punitivos.