El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio, advirtió en el Senado que antes de terminar la actual Legislatura debe aprobarse una nueva ley general de adopciones, con la finalidad de homologar las normas en todo el país y agilizar ese proceso, ya que hay 1.6 millones de menores huérfanos en México, 30 mil de ellos viven en casas hogar y orfanatos, y 80 por ciento se encuentra en centros de asistencia privada.

Agregó que la violencia provocada por el crimen organizado ha agravado el problema, y sólo en Tamaulipas hay mil 600 huérfanos por ese motivo.

Al participar en el foro-panel La adopción en México: retos y necesidades, organizado por el grupo parlamentario del PAN, el funcionario federal destacó que el tema no es de padres, de madres, no es de matrimonio igualitario ni de parejas heterosexuales, la cuestión es las niñas, niños y adolescentes.

La discusiones acerca de los distintos modelos de familia que establece el país y que están reconocidos, cobijados por la Constitución, no debe ser el tema de discusión, porque eso es, hay que decirlo claramente, lo que va a atorar las discusiones en el Congreso.

Bucio insistió en que es indispensable que tengamos una ley general de adopción. Yo diría más aún, una ley nacional de adopción, un marco legal que establezca la posibilidad de que los derechos sean garantizados, no sólo reconocidos, para todas las personas en el territorio nacional.

En el país tenemos 60 modelos de adopción distintos cada 10 años por los cambios de los ejecutivos estatales y el federal, indicó el funcionario.

Por su parte, el vocero de los niños en el Senado, el actor Sergio Mayer, apuntó que el problema radica en la falta de registro, de un censo nacional de niños susceptibles de ser adoptados.

Dijo que se ha trabajado fuerte para lograr que se cree una plataforma única de registro nacional de menores en esa condición, pero lamentó que no se tenga un censo, que no se sepa cuántos niños hay en las casas hogar, ni a escala estatal ni municipal, porque eso genera, entre otros problemas, la explotación y trata de menores.

Entrevistado al concluir su participación en el foro, Bucio informó que faltan mil municipios por establecer un sistema de protección y las procuradurías para menores, por lo cual hizo un llamado urgente a que la Secretaría de Hacienda destine recursos, porque la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tiene dos años de vigencia y no le han asignado recursos.

Explicó que lo ideal es que Hacienda considere en el presupuesto de egresos de la Federación 2018 recursos suficientes para la ley, y si no lo hace, que la Cámara de Diputados incluya un fondo para ese propósito.

Refirió que el mecanismo de protección para menores en Coahuila, que funciona muy bien, cuesta 60 millones de pesos al año, esa cantidad es, por lo menos, la que debería considerarse para cada entidad federativa.

Los mil municipios que carecen de sistema y procuraduría de protección a menores y adolescentes están en falta y tienen que crearlos a la brevedad.