La Asamblea Legislativa (ALDF) se declaró lista para iniciar el proceso de remoción del jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, quien obtuvo la suspensión provisional contra la Procuraduría General de la República, para evitar filtraciones de las investigaciones en su contra.

El presidente de la mesa directiva de la ALDF, el perredista Mauricio Toledo, entregó a su homólogo de la Comisión Especial Jurisdiccional, Armando López Campa, 23 firmas de diputados, una más de las requeridas en el Estatuto de Gobierno para iniciar formalmente dicho proceso.

Los seis integrantes de la comisión, estimó, se reunirán el jueves para definir la ruta a seguir, en la que se considera la comparecencia del procurador capitalino, Edmundo Garrido Osorio, quien dijo a su vez que estará atento a lo que se nos pida, para informar de la investigación realizada, e integrarla al expediente.

Además, se citará al jefe delegacional a declarar, pues tiene garantía de audiencia, y podrá hacerlo de manera personal o escrita, pues tenemos que escuchar, llenarnos de pruebas testimoniales, acreditar las acusaciones en su contra, porque no vamos a actuar al vapor, puntualizó.

Destacó que no se trata de un tema partidario, sino de esclarecer y rendir cuentas, pues existe una investigación federal al respecto, otra de la Procuraduría General de Justicia capitalina, una de la Contraloría General y ésta, que iniciará la Asamblea Legislativa.

Una vez concluidas las comparecencias y con el voto en favor de cuatro de los integrantes de la comisión, se entrará en un proceso de dictaminación y se turnará el caso al pleno, donde se requerirán 44 votos para remover al delegado de Morena.

Por otra parte, el juzgado federal séptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México otorgó un amparo al delegado –que es investigado por su presunta relación con el ex líder de venta de drogas de Tláhuac, Felipe de Jesús Pérez Luna, abatido en julio pasado–, para evitar la difusión de información relacionada con operativos, detenciones, actuaciones, investigaciones y otras.

El 17 de agosto, el juzgado decidirá si concede la suspensión definitiva. El juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en la capital se declaró incompetente para admitir la demanda de garantías que solicitó el delegado.