El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseveró que la desaparición forzada de personas no ha sido erradicada en el país. Pese a su magnitud, subrayó, no se ha hecho lo suficiente para atender, solucionar y prevenir que esa práctica se repita.

Enfatizó que el antecedente de las desapariciones forzadas durante los años 70 y principios de los 80 del siglo pasado demuestra que la impunidad en estos casos ha generado condiciones para que delitos tan graves se sigan cometiendo y no haya operado la garantía de no repetición, como se demuestra en el caso de los lamentables hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero (de los 43 normalistas de Ayot- zinapa), lo que visualiza cómo se ha agudizado en años recientes esa práctica.

El ombudsman nacional indicó que, de acuerdo con cifras oficiales, en el país hay, a octubre de 2016, 29 mil 903 personas desaparecidas. De éstas, 23 mil 934 casos (82.71 por ciento) se concentran en 11 entidades del territorio nacional.

Los números

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, expresó González Pérez, Tamaulipas y el estado de México son los dos estados con más personas en esa condición: 5 mil 563 (19.22 por ciento del total) y 2 mil 984 (10.31), respectivamente.

En Jalisco se han reportado 2 mil 523 (8.71 por ciento), 2 mil 385 (8.24) en Sinaloa, 2 mil 374 (8.20) en Nuevo León, mil 933 (6.68) en Chihuahua, mil 620 en Coahuila (5.59), mil 288 en Sonora (4.45), mil 155 en Guerrero (3.99), mil 80 en Puebla (3.73) y mil 29 en Michoacán (3.55).

El ombudsman hizo un largo análisis de esa problemática durante un foro sobre desaparición forzada organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que se llevó a cabo hace unos días.

Ahí subrayó que el Estado mexicano no ha atendido de manera oportuna y suficiente las exigencias de las organizaciones de la sociedad civil y de víctimas sobre la expedición de una ley que tipifique de manera adecuada el delito de desaparición forzada de personas, que incluya un tipo penal que sancione las cometidas por particulares.

La desaparición forzada de personas y la cometida por particulares continúan siendo una realidad en el país y constituyen uno de los actos más graves con que se atenta y niega la dignidad humana. En el caso de la primera, es una de las violaciones más graves a las garantías fundamentales, considerada de naturaleza continua o permanente, ya que no se agota con el acto privativo de la libertad; por el contrario, su consumación se prolonga en el tiempo hasta en tanto la víctima no aparezca o se determine su destino. Constituye una violación pluriofensiva que atenta no sólo en contra de la persona desaparecida, de sus allegados y familiares, sino agravia a la sociedad en su conjunto, cuya comisión demanda de manera inmediata la localización de las víctimas y la identificación de los probables responsables.

El funcionario puso de manifiesto el compromiso de la institución a su cargo con las víctimas y familiares de personas desaparecidas, y reiteró la importancia y urgencia de que el Estado genere condiciones para garantizar la efectiva investigación y sanción de ese delito mediante acciones para hacer efectivos los derechos irrenunciables a la verdad, la justicia y la reparación del daño, así como garantizar su no repetición.