El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, informó que entre 2013 y 2016 se ejerció 89 por ciento (18 mil millones de pesos) de los recursos para los ocho años de implementación, y precisó que es necesario acabar con vicios heredados del viejo sistema y garantizar el respeto a los derechos humanos.

En un comunicado apuntó que ahora este sistema se enfrenta al reto de su consolidación, para lo cual deberá seguir el trabajo coordinado entre los poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, así como con la sociedad civil.

Detalló que en el informe de acciones del periodo de octubre de 2016 a junio de este año se preparó a 247 mil 403 operadores, y los recursos ejercidos estos cuatro años se orientaron a esta capacitación, a contar con la infraestructura y equipamiento, emprender campañas de difusión y hacer los ajustes normativos en las entidades federativas.

Así, indicó, nueve de cada 10 pesos de los recursos federales destinados a la puesta en marcha del sistema de justicia penal fueron asignados durante la administración actual.

En 2017, el monto de recursos federales para impulsar este sistema asciende a más de mil millones de pesos.

Agregó que con el fin de cumplir con lo instruido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo desarrolló un plan de trabajo para 2017, con base en diez acciones focalizadas que requieren de atención urgente, con metas que tienen una factibilidad real de atenderse satisfactoriamente a corto y mediano plazos.

Explicó que el sistema de justicia penal requiere planeación integral con objetivos y metas a mediano y largo plazos. De manera paralela se trabaja en una estrategia integral de consolidación.

Mencionó que entre los resultados están el modelo homologado de unidades de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso; el modelo homologado de policía en funciones de seguridad procesal; la instalación del grupo de trabajo interinstitucional para la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral Justicia Penal para Adolescentes y la construcción de las bases de datos del registro nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias, suspensión condicional del proceso, medidas cautelares y procedimiento abreviado, así como la actualización del programa rector de profesionalización.

Se han estrechado lazos de colaboración con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, la representación de la Unión Europea, así como con representantes de la sociedad civil como México Evalúa, Centro de Investigación para el Desarrollo AC, Causa en Común, Alto al Secuestro, México SOS y la Red Nacional de Juicios Orales.