Durante el último lustro, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha registrado uno de los más acentuados retrocesos, no sólo en términos de gubernaturas, sino también en cuanto al poder municipal –especialmente en las capitales estatales– y el control de los congresos. Con descalabros importantes, en la geografía electoral hay un entorno incluso más adverso que en 2000, cuando el avance opositor presagiaba la alternancia en la Presidencia, pues hoy sólo 15 de los 32 ejecutivos estatales están en manos del tricolor.

La expresión del retroceso en la presencia electoral del otrora partido hegemónico se patentiza también en el dominio en las capitales estatales, normalmente identificadas como los centros políticos y económicos. En este ámbito, el consistente avance opositor ha arrebatado al priísmo la mayor parte, pues en la actualidad sólo ejerce el poder en 12 de las 31 capitales de los estados, si se contabiliza Tuxtla Gutiérrez, cuyo alcalde es del Partido Verde, pero también postulado por el PRI.

Impasse en Coahuila y Nayarit

En visperas de la realización de la asamblea nacional priísta, donde se adoptarán las primeras acciones con miras a la elección de 2018, en el balance de la presencia político-electoral una tercera variable corrobora el desgaste tricolor: el control en los congresos estatales. Posiciones claves para garantizar mejores condiciones de gobernabilidad, el PRI tiene mayoría sólo en 14 en todo el país –aun cuando faltaría oficializarse los resultados en los congresos de Coahuila y Nayarit–, de los cuales en ocho la mantiene en función de los legisladores que aportan los partidos coaligados, principalmente el Verde Ecologista de México o Nueva Alianza.

Al comenzar la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en un entorno político-electoral de recuperación tricolor para regresar a Los Pinos después de 12 años, el Revolucionario Institucional mantenía aún la hegemonía de las gubernaturas. Veinte entidades estaban bajo gobiernos tricolores, entre ellos el encabezado por el ahora prófugo Cesar Duarte, en Chihuahua, o los hoy presos Javier Duarte en Veracruz y Roberto Borge en Quintana Roo.

Las revelaciones sobre sus excesos fueron factor central en el desplome del PRI en 2016, cuando el partido perdió más posiciones en uno de los peores años de su historia, que derivaría en la salida del presidente priísta, Manlio Fabio Beltrones. Un suceso que reflejaría el distanciamiento en las visiones sobre la forma de enfrentar las coyunturas políticas para atenuar sus efectos electorales entre el Ejecutivo y el entonces dirigente tricolor.

La actual condición del PRI rumbo al relevo presidencial de 2018 es aún más desventajosa que la correlación de fuerzas que existía en 2000, cuando el PAN se aprestaba a ganar por primera vez la Presidencia de la República. En ese año, el priísmo mantenía la hegemonía en el poder regional con 20 gubernaturas, lo cual sería un factor para soportar los dos sexenios panistas a partir del contrapeso de los gobernadores al Presidente, amparados en una súbita reivindicación del federalismo, lo que les permitió preparar el retorno al poder en 2012.

Actualmente, el PRI gobierna Campeche, Colima, Coahuila –a reserva del desenlace poselectoral– Chiapas –en alianza con el PVEM–, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Sin embargo, ya solamente cinco entidades son las que nunca ha perdido el PRI: Campeche, Colima, Hildago, Coahuila y el estado de México. En estas dos últimas, cuyos relevos se registraron hace apenas dos meses, el saldo tricolor no fue del todo favorable: en el estado de México perdió más de un millón de votos y su ventaja fue apenas superior a 3 puntos porcentuales –cuando solía obtener más de 50 por ciento de votos–, y Coahuila, que se encuentra en la incertidumbre ante una eventual anulación por el rebase de topes de gastos de campaña.

En cuanto a los congresos, otro factor de poder regional, el priísmo también ha retrocedido al punto que en la actualidad tiene mayoría en 13 entidades: en cinco de ellas bajo sus propias siglas, pero en ocho más mantiene la hegemonía a partir de los legisladores de los partidos coaligados: Campeche, Coahuila (en espera de confirmarse la elección), Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo y Zacatecas. Además, nunca ha tenido presencia significativa en la capital del país.

En cuanto al poder municipal y en su mayor expresión, el gobierno en las capitales estatales, el priísmo ha resentido el desgaste del ejercicio del poder y los crecientes cuestionamientos sociales contra hechos de corrupción.

Sólo 11 capitales son gobernadas por el PRI: Campeche, Guanajuato, Chilpancingo, Toluca, Monterrey, Oaxaca, Culiacán, Hermosillo, Ciudad Victoria, Tlaxcala, Zacatecas –que pudo ganar sólo después de que el Tribunal Electoral anuló la elección en la que venció Morena y rehusó participar en comicios extraordinarios– y Tuxtla Gutiérrez, encabezada por el Partido Verde, pero con apoyo del Revolucionario Institucional

Alcaldías poco relevantes

De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Municipios de México, que agrupa a ediles priístas, hay entidades con una muy baja proporción de administraciones de ese partido: en Aguascalientes gobierna 27 por ciento de los ayuntamientos, ninguno de relevancia; Morelos, 28 por ciento, con ayuntamientos pequeños; Querétaro, 23 por ciento, y ninguna alcaldía de relevancia política o urbana; Tabasco, 24 por ciento, donde preside Tenosique.

Sin embargo, hay otros estados donde el reporte da cuenta de porcentajes elevados, como Chihuahua –46 por ciento–, pero las grandes ciudades no están en poder del PRI; Durango, 51 por ciento, donde es cabeza en Gómez Palacio; Jalisco, 50 por ciento de las alcaldías, pero la mas importante es Tonalá, entre otras expresiones del retroceso en el plano municipal.

En el estado de México, donde se renovarán las alcaldías en 2018, el partido tricolor mantiene 66 por ciento, incluidas algunas fundamentales como Toluca, Ecatepec y Tlanepantla.