Con el apoyo de autoridades centrales y delegacionales se construyen cuatro desarrollos inmobiliarios en el corredor Roma-Condesa, que violan el programa de desarrollo urbano, afectan inmuebles protegidos, utilizan documentos falsos, quebrantan los sellos de clausura o violan la suspensión de actividades, denunciaron vecinos.

Dicha situación se observa en Baja California 370, donde se edificaron siete niveles adicionales a los permitidos, y aun cuando la delegación Cuauhtémoc anunció el 23 de julio su demolición –con un costo de 2 millones de pesos–, la obra continúa.

Una situación similar se registra en Nuevo León 238, donde se construye un helipuerto sin ningún tipo de licencia, manifestación o autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, además de que una obra de este tipo está prohibida en la colonia.

Mientras, en Zacatecas 194 se levanta una galería con restaurante, donde el Instituto Nacional de Bellas Artes rechazó otorgar una prórroga para su construcción al constatar que se realizaron obras mayores que no corresponden con el visto bueno emitido en 2014 y hasta no contar con la certeza normativa respecto del uso de suelo pretendido.

Los coordinadores de los comités ciudadanos Hipódromo II y Roma Norte III, Quetzal Castro y Mario Rodríguez, y Rafael Guarneros, de la Asociación de Residentes de la Hipódromo, señalaron que otra obra que se realiza con documentos apócrifos y violando los sellos de clausura es un centro cultural en Campeche 367.

El proyecto cultural Comunal, apoyado por artistas como Regina Orozco y Plutarco Haza, e inversionistas como Alejandro Rubio, está clausurado, pero la obra continúa con un documento falso de la delegación Cuauhtémoc, que la directora de jurídico y gobierno, Zuleyma Huidobro, alertó, pues no se ha autorizado el retiro de los sellos, dijeron.

Alejandro Rubio, inversionista de los proyectos Campeche 367 y Zacatecas 194 rechazó las acusaciones vecinales e informó que se resarcieron las faltas administrativas en que incurrieron para que los trabajos sigan, y acusó a los vecinos de extorsión, difamación y abuso de autoridad, por lo que esta semana presentará las denuncias correspondientes.

Los vecinos, sin embargo, se mostraron tranquilos y exigieron a la delegación y al gobierno capitalino aplicar las sanciones por quebrantar los sellos de clausura, que van hasta siete años de cárcel y una multa de 37 mil 745 pesos.

Mientras que por violar la suspensión de actividades se harían acreedores a ocho años y seis meses de prisión y una sanción económica de 75 mil 490 pesos, precisaron al solicitar que se castigue también a funcionarios de la demarcación y del Instituto de Verificación Administrativa, por omisión, al imponerse el señor dinero o las influencias a la legalidad.