El Instituto Nacional Electoral (INE) defendió la cuantiosa bolsa de dinero público que cada año se entrega a los partidos políticos, pues les garantiza acceso equitativo a los recursos y no depender de fondos privados.

Dicho organismo prevé asignar el próximo año 6 mil 752.2 millones de pesos a los nueve partidos nacionales y candidatos independientes; es decir, 60 por ciento más que en 2017, para financiar las campañas federales.

Insistió que dotar de fondos públicos garantiza que éstos sean repartidos de manera equitativa y prevalezcan sobre los de origen privado.

En su página de Internet negó que el instituto determine el financiamiento otorgado a las fuerzas políticas, ya que se basa en una fórmula del artículo 41 de la Constitución.

Recordó que en año no electoral se calcula el monto de las prerrogativas multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón por 65 por ciento de valor diario de la unidad de medida (UMA).

El 30 por ciento se reparte de manera igualitaria y 70 por ciento con base en el número de votos obtenidos en los comicios de diputados de la elección anterior.

En tanto, el año que se eligen presidente y senadores, además de diputados, el financiamiento equivaldrá a 50 por ciento de recursos que corresponda a los partidos por actividades ordinarias; cuando se elija sólo a diputados equivaldrá a 30 por ciento.

El PIB para fijar presupuesto

En tanto, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, de la Sala Superior del Tribunal Electoral, propuso que para garantizar la independencia de los tribunales electorales locales sus presupuestos puedan ser definidos según una cantidad fija del producto interno bruto (PIB) de cada entidad.

Planteó que si esto no es posible se permita a los tribunales locales que intervengan en las deliberaciones legislativas para fijar los presupuestos de las instituciones públicas.

En la Casa de la Cultura Jurídica Aguascalientes propuso usar estos mecanismos para garantizar autonomía financiera y prevenir reducciones injustificadas o motivadas por causas o intereses ajenos a la propia dinámica y funcionamiento de los tribunales.

Se quejó de que en los estados se han reducido los montos solicitados por los tribunales, hay omisiones o incumplimientos en las transferencias de recursos aprobados.