El Senado está obligado a revisar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero no para debilitarlo, sino para fortalecerlo, coincidieron las presidentas de las comisiones de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos, Pilar Ortega, Cristina Díaz y Angélica de la Peña, respectivamente.

Insistieron en que el nuevo sistema de justicia penal debe someterse a un análisis, pero no para dar marcha atrás a sus ejes centrales, que son reducir la impunidad, proteger a las víctimas y reparar los daños que se les haya causado.

Se debe revisar el tema de la prisión preventiva, pero sólo para casos graves.

Hay voces que demandan volver hacia atrás, porque consideran que el incremento de la inseguridad provocada por la ola de violencia que padece el país se debe a la puesta en marcha del sistema penal acusatorio, lo que es absolutamente falso, comentó la senadora Ortega.

La legisladora panista resaltó que la esencia del sistema oral radica en lo opuesto a esa críticas, es decir, en reducir la impunidad, proteger a las víctimas y reparar los daños que se han causado en su perjuicio, esto sobre el eje de los derechos fundamentales.

Consideró relevante la realización del foro Reformar el Sistema de Justicia Penal en México para Mejorar, que se llevó a cabo la víspera en la sede senatorial, ya que, insistió, modificar el sistema penal acusatorio sin una evaluación que ofrezca un panorama claro sobre los aspectos que es necesario modernizar sería una salida equivocada.

Ese foro, dijo, es el primero de varios actos a que está convocando el Senado para discutir, conversar, analizar y debatir sobre el rumbo que debe tener el sistema penal acusatorio y sobre cómo podemos fortalecerlo.

La legisladora priísta Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, explicó que su bancada coincide con el gobierno federal en que se deben atender algunas lagunas jurídicas, como establecer la prisión preventiva oficiosa para delitos de consecuencia grave, entre ellos el robo de hidrocarburos y la portación y el acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.

Explicó que el PRI presentó un proyecto de reformas cuyo objetivo es fortalecer la operación del sistema y llevar a los imputados ante la justicia, con transparencia y claridad. Hay retos, dijo, en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ameritan una revisión.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, explicó que que a un año de haberse puesto en marcha el nuevo sistema de justicia penal en el país es necesario revisar los ajustes que se requieran, ya que toda norma es perfectible.