a situación de crisis que actualmente se vive en nuestro país agudizó el incremento de los delitos y las violaciones a los derechos humanos. La violencia que enfrentan las mujeres también aumentó gravemente en los últimos años. El feminicidio es una de sus expresiones más extremas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 se cometieron 2 mil 735 homicidios de mujeres en el país, de los cuales sólo 25 por ciento fue tipificado como feminicidio. Esto refleja que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han adoptado políticas públicas de prevención y erradicación de la violencia que las mujeres viven día con día, dejando de lado sus obligaciones de garantizar los derechos de las mujeres establecidos en instrumentos internacionales de los que México es parte. A escala federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la creación de una alerta de violencia de género (AVG) que obligaría a las entidades y municipios a establecer medidas para erradicar la violencia contra las mujeres. Y de acuerdo con el artículo 22 de esa ley de acceso éstas consisten en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos.
Cabe señalar que la violencia contra las mujeres puede ser ejercida tanto por los individuos como por la propia comunidad. Convocado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el pasado martes se llevó a cabo el foro Nadando a contracorriente: contexto y seguimiento de las alertas de violencia de género desde la sociedad civil, la academia y el Estado, el cual aportó importantes elementos para un debate público sumamente necesario e inevitable, dado el contexto que enfrentamos. Durante el foro se escucharon las experiencias de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de Chiapas, Tabasco, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Puebla y el estado de México, peticionarias de la AVG en sus entidades, o que les dan seguimiento, ejerciendo así su derecho ciudadano. Las AVG en efecto han sido resultado del trabajo conjunto de las OSC, de la academia y de diversas instituciones, las cuales visualizaron la necesidad de implementar acciones urgentes de protección a la integridad y la vida de las mujeres, mediante medidas de seguridad, justicia y prevención.
A pesar de que la declaratoria formal se realiza mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la implementación de la AVG depende de las acciones que realizan las autoridades en los estados y municipios. Sin embargo, todas las experiencias del foro coinciden en la falta de voluntad política de las autoridades, quienes están obligadas a actuar de manera urgente. Las cifras en la activación de la AVG son un indicador de que la violencia contra las mujeres no ha disminuido. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, mientras que entre julio de 2015 y junio de 2016 se emitieron tres AVG, de julio del año pasado al mismo mes de este año se han decretado sólo ocho, y actualmente hay únicamente 11 alertas decretadas. Para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en los últimos meses se les ha exigido llevar a cabo las acciones necesarias a 51 municipios de Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo. Sin embargo, hay que decir que frente a esta situación no todo termina con la activación de las AVG, pues el proceso de implementación y evaluación de esas medidas son fundamentales para analizar su eficacia.
Además, durante el foro las organizaciones resaltaron que en sus entidades las autoridades locales no permiten su participación en la creación y supervisión de las medidas, y se limitan a señalar la falta de presupuesto para su implementación. Es importante resaltar que, a dos años de la declaratoria de AVG en el estado de México, han sido asesinadas al menos 748 mujeres solamente en esa entidad. Las organizaciones de la sociedad civil encontraron retos relcionados con compartir información y metodologías que permitan generar procesos de seguimiento más efectivos para el apoyo a las víctimas. En general se observa que prevalecen prácticas negativas que no permiten que las organizaciones peticionarias participen de las mesas de seguimiento. En este sentido Nira Cárdenas, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento Institucional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, destacó la importancia de generar información objetiva y estadísticas constantes con alcance municipal, estatal y nacional. De la misma forma subrayó la necesidad de dejar de poner el foco central en la capacitación, pues ésta no ha resultado eficiente.
Se destacó también la necesidad de homologar a nivel nacional la tipificación penal del feminicidio, así como la de dotar de presupuesto suficiente, y sobre todo adecuadamente enfocado, a las distintas instancias involucradas, las cuales deben de operar con criterios de interculturalidad e inclusión, pues se requieren medidas específicas que atiendan las particularidades de las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad y las mujeres indígenas, entre muchas formas de ser mujer en México. El enfoque interseccional es pues sumamente necesario en nuestro país.
En suma, se requiere que el Estado demuestre la más amplia voluntad política para combatir la violencia feminicida que está matando hoy en día a miles de mujeres, y agraviando a la sociedad entera.
