En el país, la cifra de edificios públicos que cumplen con los requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad es mínima, y aunque no hay un registro exacto, la organización Libre Acceso calcula que sólo alrededor de 5 por ciento son adecuados.

Federico Fleischmann Loredo, presidente de dicha organización, señaló que la Ciudad de México es la más avanzada en cuanto a facilidades para este sector de la población, seguida de Monterrey y Guadalajara.

La presión y la gestión de la sociedad han logrado adecuar el entorno, dijo ayer en entrevista durante la entrega del reconocimiento sobre accesibilidad que otorgó Libre Acceso al Centro de Cultura Digital.

Refirió que los edificios públicos, ya sea del gobierno o del sector privado, deben considerar todos los elementos que faciliten la plena incorporación de las personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual o mental.

Alexandra Haas, titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo que las barreras físicas impiden gozar de otros derechos como la educación o el trabajo. Agregó que de acuerdo con un estudio que están realizado, sólo 13.8 por ciento de las personas con discapacidad cognitiva o mental se ocupan en una actividad económica.

Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, más de seis de cada 10 personas sin discapacidad de entre tres y 29 años, lo que significa 60.5 por ciento, asisten a la escuela, en tanto que en las personas con discapacidad la cifra disminuye a menos de la mitad.

Las barreras, expuso en entrevista, van desde que salen de sus casas y no hay rampas para transitar en la calle o elevadores para los puentes peatonales, lo que las lleva a depender de otras personas, y después se encuentran con la discriminación, que tiene que ver con el hecho de que los empleadores ni siquiera consideran la posibilidad de abrir las convocatorias a personas con discapacidad.

Por ello, destacó que es necesario reconocer la urgencia de brindar soluciones. El problema, dijo, radica en que hemos diseñado el mundo de forma limitada, dejando de lado la diversidad humana.

El Conapred informó que de 2011 al 30 de junio de 2017 recibieron mil 414 expedientes de quejas y reclamaciones calificadas como presuntos actos de discriminación relacionadas con personas con discapacidad. La mayoría en los ámbitos educativo, laboral y prestación de servicios públicos.

Los derechos expuestos como vulnerados principalmente están relacionados con el trato digno, la accesibilidad, educación, trabajo e igualdad de oportunidades.