a cúpula empresarial pide pan y el gobierno no le da. Cuando menos esa es la respuesta pública que el titular de Hacienda, José Antonio Meade, ha dado a la Coparmex y su decálogo de propuestas fiscales, el cual incluye deducibilidad de 100 por ciento de las prestaciones laborales, reducción paulatina de la tasas de ISR e IVA en alimentos y medicinas, de forma escalonada.

El secretario de Hacienda pintó su raya ante la exigencia de la patronal: Hay muy pocos espacios para hacer modificaciones al marco tributario, por lo que debe preservarse, cuidarlo y generar confianza en momentos en los que en el mundo se percibe incertidumbre. Uno de los elementos que nos han ayudado a transitar en ese contexto de incertidumbre es la certeza que da nuestra política fiscal; es la que nos ha permitido sortear con éxito los vaivenes de la incertidumbre que tenemos (La Jornada, Israel Rodríguez).

Pero el organismo cúpula del sector privado no anda por las ramas, ya que su presidente, Gustavo de Hoyos Walther, de plano dijo que la reforma fiscal de 2014 (marca Luis Videgaray) ha sido el principal inhibidor del desarrollo económico de México por el impacto que tuvo en las clases medias.

¿Y cuáles son las exigencias fiscales de la Coparmex? (conocidas ya por Hacienda y el Congreso). Entre otras, la reducción paulatina de la tasa del impuesto sobre la renta de 30 a 25 por ciento (ello, según dice el organismo, “para homologarlo a la que se cobra en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) mediante una disminución anual de un punto porcentual. Además, la deducción de 100 por ciento (decreto presidencial de por medio) de las prestaciones laborales que marca la Ley Federal del Trabajo, y la redistribución y actualización de la tarifa de ISR de personas físicas (pues desde 2009 no se han ajustado los límites inferiores y superiores ni las cuotas fijas), así como el acreditamiento de la retención de 10 por del ISR por pago de dividendos a personas físicas.

Nada, pues. Pero el dirigente de la Coparmex arguye que si bien consideramos que debe mantenerse como gravamen máximo 35 por ciento de ISR a las personas físicas, es necesario restructurar la tarifa de tal gravamen para lograr dos objetivos: reducir de manera significativa el impuesto a cargo de quienes obtienen ingresos de hasta 10 mil pesos mensuales, sin que dejen de contribuir, y revisar los otros rangos de la tarifa para lograr una progresividad efectiva.

Pero en la oficina principal de Hacienda dicen que de ninguna manera, y es de suponer que los borregos tricolores en San Lázaro digan lo mismo, de tal suerte que la carga fiscal se mantiene tal cual se aprobó en 2014.

Sin duda, la reforma fiscal ha sido efectiva en materia recaudatoria, pues año tras año se supera la meta prevista de captación y aumenta el padrón de causantes (en el pasado año creció 15 por ciento). El problema, sin embargo, no se registra por el lado de los ingresos, sino por el de los egresos, pues el grueso del presupuesto sigue destinándose al gasto corriente, mientras el canalizado a la inversión física un año declina y el siguiente también.

De acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, en el primer semestre del presente año casi 80 por ciento del gasto programable se destinó a gasto corriente y 20 por ciento restante a inversión física y financiera (la primera de ellas registró un desplome de 22.5 por ciento).

Al mismo tiempo, se redujo sustancialmente (cerca de 13 mil millones de pesos) el gasto destinado a las secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Salud y Agricultura, mientras creció, y fuerte, el destinado a Energía, Gobernación, Turismo y la propia Hacienda (12 mil 300 millones).

¿En qué acabará el jaloneo entre Hacienda y la cúpula patronal? No se perfila final feliz, es decir, ni adecuación tributaria para las empresas ni mejora en el ejercicio del gasto público. Pero en vía de mientras, el propio CEFP considera que tres años después de la aprobación de la reforma hacendaria es notorio el aumento de la capacidad financiera del Estado.

Los ingresos presupuestarios, detalla, aumentaron significativamente: en la cuenta pública de 2013 se reportó que los ingresos del sector público ascendieron a 3 billones 800 mil 415.6 millones de pesos, y para 2015 se recaudaron 4 billones 266 mil 989.5 millones, es decir, un crecimiento, en términos reales, de 4.1 por ciento. Este comportamiento apoyó el financiamiento del presupuesto público en un contexto de alza del costo financiero, por el incremento de las tasas de interés, la caída de la plataforma de producción de petróleo y la disminución de los precios internacionales del crudo.

Tal incremento se explica por el desempeño observado en la recaudación de ISR, IVA y el impuesto especial sobre producción y servicios. Aumentaron los pagos definitivos de las empresas y personas físicas, debido al incremento tanto en el número de contribuyentes como de los montos pagados. En cuanto a la captación del IVA, el crecimiento del consumo privado generó una mayor contribución. Los nuevos conceptos del IEPS, aunque se propusieron con un fin distinto a la recaudación, también aportaron dinero adicional al Estado. Paralelamente, la participación de las ventas petroleras en el total de los ingresos públicos se redujo entre 2013 y 2015, al pasar de 35.4 a 19.8 por ciento.

El CEFP detalla que con la citada reforma se fortaleció la recaudación mediante el incremento de los ingresos tributarios; en 2015 alcanzaron un máximo histórico, al representar 55.5 por ciento de los ingresos totales. Este desempeño permitió compensar la caída observada en las ventas petroleras, modificando la composición tradicional de los ingresos presupuestarios, permitiendo reducir la incertidumbre y el riesgo en los ingresos públicos, ganando estabilidad.

Y la cúpula patronal exige cambios justo donde el erario ha captado más. La respuesta oficial es: si saben contar, pues no cuenten con modificaciones.

Las rebanadas del pastel

Mientras el salvaje de la Casa Blanca avanza en su propósito de construir el muro, los expulsados de su tierra no dejan de aportar a la misma economía, la mexicana, que los echó del país: en el primer semestre de 2017, los paisanos, vía remesas, inyectaron cerca de 14 mil millones de dólares, y contando.

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