os abusos de poder, la violación del estado de derecho y la consecuente impunidad son resultado principalmente de la arrogancia y la irresponsabilidad de algunos empresarios y de los políticos y funcionarios públicos que, por complicidad o intereses de grupo, actúan contra los trabajadores y los mexicanos en lo general.

Es inadmisible que el gobierno mexicano actúe con pasividad e indiferencia total ante tales injusticias que a diario se cometen en nuestro país. Lo vemos, lo escuchamos y muchas veces somos testigos directos o indirectos de tales hechos ofensivos y bochornosos para la buena imagen que los políticos deberían tener y que en la práctica se ha perdido con un descaro y un cinismo absolutos.

Este domingo se cumplieron 10 años de tres huelgas mineras estalladas contra la empresa Grupo México, el 30 de julio de 2007, quizá las más largas en la historia del movimiento obrero y las cuales aún se encuentran sin solución. Los combativos mineros de Taxco, Guerrero; Cananea, Sonora, y San Martín Sombrerete, Zacatecas, con el aval del comité ejecutivo nacional del Sindicato Minero, decidieron irse a un conflicto de paro laboral, ante la negativa, la perversidad y la arrogancia del accionista mayoritario, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, y sus colaboradores de esa compañía, para resolver las demandas justas de los trabajadores por mayores salarios y prestaciones, mejores condiciones de trabajo, seguridad, salud, higiene y horarios, así como para exigir el respeto a su organización sindical y a sus líderes locales y nacionales.

Hacía poco más de un año que Larrea y Grupo México habían cometido un homicidio industrial en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, durante el cual murieron 65 mineros sin que la empresa haya querido rescatar a los atrapados en la explosión al interior de la mina y los abandonó a su suerte al quinto día de la tragedia, ignorando si estaban con vida o sin ella. Hoy todavía permanecen en el interior 63 cuerpos de excelentes y responsables mineros, a quienes dejaron morir la empresa y su presidente, en una cobarde actitud que no tiene nombre.

De ahí que durante las negociaciones colectivas del año siguiente, 2007, los obreros sindicalizados se pusieron más exigentes en sus demandas, especialmente de mejores condiciones de trabajo, conociendo la posición miserable y perversa de Larrea, sus socios y directivos. Desde luego que estos siempre contaron con el apoyo absurdo de los ex presidentes Fox, Calderón y hoy todavía del gobierno de Peña Nieto, quienes no han exigido jamás a Larrea y cómplices que cumplan con la ley y con el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Los mexicanos frecuentemente nos preguntamos por qué se permite a las empresas nacionales y extranjeras que cometan abusos sin consecuencias para ellos y por qué casi nunca se respeta la ley. Es evidente que muchos funcionarios de gobierno por ambición, corrupción o convicción interesada se vuelven cómplices de los malos empresarios, y en lugar de exigirles el cumplimiento puntual de sus obligaciones y responsabilidades les permiten o les perdonan todo, e incluso en muchos casos la Secretaría de Economía les otorga más concesiones, permisos de explotación y exenciones a sus deberes, en una clara actitud de negligencia e irresponsabilidad pública y social.

Se dice fácil, pero 10 años del no cumplimiento de la ley por parte de empresarios y políticos han dejado una secuela y consecuencias terribles para esos valientes mineros mexicanos y sus familias, al defender sus derechos, entre otros el de huelga, cuando no ha habido respuesta gubernamental a las demandas y necesidades de estos mexicanos. Es más, en el caso de otro industrial del acero, terrorista y burdo sin escrúpulos, Alonso Ancira Elizondo, del Grupo Acerero del Norte, le hemos enviado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, un escrito detallado con todas las violaciones de este sujeto a la ley, con copia a un grupo amplio de miembros de su gabinete, denunciando los abusos, amenazas y agresiones contra los trabajadores y sus familias de la mina de Hércules, municipio de Sierra Mojada, Coahuila, así como de parte de todas las unidades de esa compañía, y nadie se ha dignado contestar.

Y cómo iban a hacerlo, si están totalmente comprometidos o coludidos con los empresarios más nefastos del país. Esperan que al pueblo y a los obreros con el tiempo se les olviden los agravios sufridos o se conformen con estos. Creo que no se está lejos de la verdad cuando los empleados y los mexicanos expresan que el cinismo, la incapacidad y la indiferencia se han vuelto la expresión máxima de la política gubernamental, sin distinguir entre el signo o la ideología de los partidos que han estado administrando o regentando el país.

Como bien señaló el Sindicato Nacional de Mineros en su boletín de prensa del domingo 30 de julio de 2017: No es posible que una sola persona con un grupo de colaboradores pueda más que lo manifestado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y pueda más que los derechos universales de los trabajadores, proclamados y ratificados por el gobierno de México; no es posible que una sola persona por mucho dinero que pueda tener en el mundo ponga de rodillas a una nación como la nuestra, al no respetar los preceptos legales y fundamentales por los cuales miles y millones de hombres y mujeres se sacrificaron desde la Guerra de Independencia hasta la fecha.

Las autoridades, el gobierno federal, el Poder Judicial aún tienen la oportunidad de proceder de inmediato y aplicar la ley en todos y cada uno de sus preceptos, y buscar la solución justa a estas huelgas; nada se los impide porque tienen la ley en la mano, poder que les ha dado el pueblo de México para impartir la justicia.